Como sociedad nuestro país ha postergado que la niñez tenga el derecho a un acceso oportuno, integral y de calidad a la educación inicial y preescolar, pese a que la Constitución de 1991 establece formalmente que los derechos de la niñez son fundamentales y deben prevalecer, y en la práctica el derecho a la educación no ha sido reglamentado por medio de una ley estatutaria sino por leyes ordinarias.
Como país perdimos una valiosa oportunidad con el hundimiento de la ley estatutaria de educación donde se avanzaba en educación inicial y preescolar.
En este sentido, las leyes sobre la materia y las políticas implementadas, aunque pueden ser un avance, siguen siendo insuficientes en sus alcances y resultados, y hoy la educación inicial y preescolar es un privilegio de los niños que provienen de hogares con recursos.
Al respecto, el nobel de economía James Heckman plantea que los primeros años de vida de un niño son claves en su desarrollo inicial y en su proyecto de vida como adulto. Según Heckman, la inversión en educación infantil no solo resulta razonable, sino rentable socialmente, puesto que las capacidades cognitivas, emocionales y sociales se desarrollan en esta etapa.
Por supuesto, las inversiones tardías suelen ser más costosas en la recuperación de un desarrollo infantil adecuado, igual a nivel económico, social y en el largo, muy onerosas en justicia criminal. Luego, invertir en educación es deseable para la niñez y para garantizar condiciones de equidad y crecimiento sostenible para una sociedad.
Este sentido, el Plan de Desarrollo Nacional 2022-2026, plantea como meta aumentar la cobertura en educación inicial en 2.7 millones de niños menores de seis años. Adicionalmente, el plan establece cubrir a 800 mil niños en educación preescolar. Para su concreción se requieren de implementaciones efectivas entre el Ministerio de Educación Nacional (MEN), las entidades territoriales certificadas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para priorizar los municipios, zonas, planta docente requerida, recursos necesarios e infraestructura disponible, por construir y dotar.
En el caso de la capital de Norte de Santander, el programa de gobierno Todos X Cúcuta formula un enunciado muy escueto sobre el asunto: “articular acciones con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, mientras que el Plan de Desarrollo 2024-2027, Cúcuta: perseverante, segura y productiva; no presenta un diagnóstico sobre el tema, y bajo estas condiciones define dos metas como indicadores de resultados:
I. Aumentar la tasa de cobertura neta en transición de 66.17% al 90%, y II. Incrementar la cobertura del PAE en preescolar del 73,6% en 2024 (que representa a 6.125 infantes) hasta el 100% en 2027.
Asimismo, el plan de desarrollo de Cúcuta plantea una serie de indicadores de productos inconsistentes de los cuales se puede rescatar, el indicador de producto que propone aumentar durante el cuatrienio el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media en cerca de 6.000 estudiantes; indicador muy general y sin priorización, el cual se presume que puede ser financiado con recursos del sistema general de participaciones (SGP educación) y con recursos propios, dado que no se define un rubro específico en el plan plurianual de inversiones.
En este contexto, a corte de 2023, la matrícula oficial y contratada por la Secretaría de Educación de Cúcuta (SEC) para prejardín y jardín fue igual a cero, si lectores CERO; y el sector privado cubrió a 3.818 infantes.
En el caso de la niñez atendida en el grado de transición: 8.255 se daba por matrícula oficial, 1.003 por matrícula contratada y 3.099 fue cubierta por instituciones privadas, para un total de 16.175 estudiantes atendidos. Mientras que la tasa de deserción fue de 3,81%, la más alta en todos los niveles escolares. Sin conocer el dato de población infantil desescolarizada.
Por último, la proyección de la población infantil de 0 a 5 años se estima en 12.110 y el efecto migratorio real sobre la matrícula se calcula en 3.112 estudiantes.
Esta realidad y el uso de los datos son claves en política educativa a la hora de planear y priorizar inversiones, así como las estrategias que garanticen el derecho de la niñez cucuteña a una educación inicial y preescolar en condiciones oportunas, integrales y de calidad.
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