Una de las explicaciones más repetidas —y más funcionales al poder— sobre el colapso de la economía venezolana es que este fue provocado por las sanciones impuestas por Estados Unidos. La afirmación se ha convertido casi en un lugar común del debate público latinoamericano. Sin embargo, no resiste un análisis mínimo de los hechos. Cuando las sanciones comenzaron a aplicarse de forma significativa, Venezuela ya estaba sumida en una profunda crisis económica y social. El derrumbe no fue consecuencia de las sanciones; fue previo a ellas.

La destrucción de la economía venezolana fue el resultado de un conjunto de políticas públicas aplicadas durante el chavismo, sostenidas en el tiempo y defendidas como un proyecto ideológico. No se trató de errores aislados ni de circunstancias externas adversas, sino de decisiones deliberadas que ignoraron principios económicos básicos.

Ese modelo se apoyó en cuatro pilares centrales. El primero fueron los controles de precios. Durante años, el Estado fijó precios por debajo de los costos de producción, convirtiendo la actividad productiva formal en una pérdida segura. El resultado fue previsible: escasez crónica, mercados negros y un sistema de corrupción que terminó beneficiando a intermediarios y castigos a productores y consumidores.

El segundo pilar fueron los controles de divisas. El acceso a dólares dejó de depender de la capacidad productiva y pasó a estar mediado por la discrecionalidad política. Esto distorsionó completamente la asignación de recursos, incentivó la fuga de capitales y creó una economía rentista dentro del propio sistema de control. Producir dejó de ser rentable; importar con dólares subsidiados se convirtió en el negocio.

El tercer elemento fue la política de expropiaciones. Miles de empresas agrícolas, industriales y de servicios fueron tomadas por el Estado sin la capacidad técnica ni los incentivos necesarios para operarlas eficientemente. La propiedad privada perdió su función como garantía de inversión y se transformó en un riesgo permanente. En ese contexto, la inversión nacional y extranjera simplemente desapareció.

El cuarto pilar fue la subordinación del Banco Central al poder político. Al perder su independencia, la emisión monetaria se utilizó para financiar un gasto público creciente e insostenible. Mientras el precio del petróleo superó los 100 dólares por barril y Venezuela producía cerca de tres millones de barriles diarios, esa política pudo ocultarse detrás de una aparente abundancia. El deterioro del aparato productivo quedó disimulado por una renta petrolera extraordinaria.

Cuando esa renta se redujo y la producción colapsó —también por mala gestión—, la realidad emergió con fuerza. Inflación descontrolada, luego hiperinflación, caída abrupta del salario real y una pobreza generalizada marcaron el día a día del país. Las sanciones llegaron después, cuando la economía ya estaba devastada.

El costo humano de este fracaso es incuestionable. Más de ocho millones de venezolanos han emigrado, huyendo no solo de la pobreza, sino también de la represión con la que el gobierno respondió a las críticas. Ignorar las verdaderas causas del colapso no es un ejercicio académico: es una forma de justificar políticas que ya demostraron su fracaso.

Entender lo ocurrido en Venezuela no es un acto de ideología, sino de honestidad intelectual. Solo así se evita repetir una tragedia que no fue inevitable, sino provocada.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .