Con motivo de la expedición del Decreto 2229 del 27 de diciembre de 2017, mediante el cual se obliga la internación de vehículos de matrícula extranjera, hice un breve ejercicio consistente en la observación de automotores que transitan en la ciudad con placa venezolana y su posible riesgo en la tenencia. 

No es secreto, pero desde hace décadas no se veían BMW, Mercedes Benz, Mustang y otros de media y alta gama con placa venezolana transitando en la ciudad. 

Tampoco se observaban vehículos de servicio público del vecino país con la frecuencia que hoy los vemos.

Lo cierto es que entraron por algún lado y hoy están atrapados en nuestra ciudad, puesto que un mínimo porcentaje de los nuevos propietarios, ha realizado el respectivo traspaso ante la autoridad vecina y por tal motivo, el bien mueble (vehículo, moto) pertenece a quien figura en los documentos y no a quien porta una hoja de papel con una “compraventa” del automotor.

Ese es el primer caso. El segundo es cuando se repite la figura una y otra vez, es decir, el carro o motocicleta, ha pasado por tres ficticios dueños y el problema está cuando desee internarlo, puesto que legalizar la propiedad, solo es factible en el territorio hermano y los supuestos dueños, son desconocidos. 

Es como si una persona, propietaria de una casa que se encuentra en Venezuela, quiere que se le realice un trámite de compraventa, escritura y registro en Colombia, acción no permitida desde la óptica legal y lógica.  

El tercer caso es el más grave. Es probable que varios de los automotores objeto de internación, se encuentren en las bases de datos con la anotación de hurtado en Venezuela y tan solo se darán cuenta cuando regresen a ese territorio para realizar la revisión por parte de la autoridad competente. 

A partir de ese instante, inicia su calvario por cuanto el supuesto dueño, es detenido y procesado penalmente hasta que aclare la situación. 

Panorama muy complejo y oscuro debido a los cientos de miles de procesos que se surten en ese país. 

Lo anterior sucede porque el carro fue robado, los delincuentes lo llevaron a las trochas y por alguna razón ingresaron a nuestro país. También pudo o puede suceder, que el vehículo es vendido a los hampones y el propietario denuncia pérdida total en su país. De esta manera obtiene efectivo por la venta y por el cobro del seguro si lo tiene. 

Puedo concluir la columna recomendando no caer en la tentación de adquirir un auto por su bajo costo, porque en muy poco tiempo tan solo servirá para chatarrizarlo. En cuanto a la legalidad de las compraventas, intente hacer efectivo el documento ante un juzgado y se encontrará con la sorpresa que la operación, no tiene validez en Colombia.