Dos noticias claves se dieron en las últimas semanas en torno a la coca en Norte de Santander. Una está relacionada con el aumento de producción de coca y de cocaína durante el 2021 en la parte norte del Catatumbo (principalmente en Tibú, El Tarra y Sardinata). La otra noticia es que desde comienzos de año no hay compradores de pasta base de coca en la región. Haré una síntesis de esto.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó su informe anual de monitoreo a la producción de coca y cocaína. De allí se pueden extraer varias conclusiones: en lugares como el Catatumbo se ha optimizado la producción, se obtiene más con menos; no es casualidad que Norte de Santander sea un lugar atractivo para su producción, pues la ubicación geográfica permite acceder a puntos fronterizos con facilidad; y esa misma ubicación hace posible que los grupos armados y los narcotraficantes se muevan estratégicamente en la región.
Distintos medios de comunicación han señalado que desde comienzos de este año no sale cocaína ni entra dinero al Catatumbo. Hay varias explicaciones para esto: la extradición de Otoniel y la entrega de rutas de narcotráfico; la interceptación de rutas de transporte en la frontera; y la imposición de restricciones por parte del Eln. Esto ha provocado que las personas terminen enterrando la pasta de coca o la utilicen como moneda de cambio para suplir las necesidades básicas, y se ha generado un auge de minería irregular de carbón en Sardinata.
Estas noticias son claves por tres razones. Primero, es una oportunidad que el Gobierno debe aprovechar para fortalecer los proyectos de sustitución de cultivos de uso ilícito, los cuales han tenido múltiples dificultades por razones institucionales y de contexto regional. Aquí ya hay un camino recorrido a través del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Segundo, es una ocasión pertinente para incluir las voces de la población campesina cultivadora de hoja de coca en el Plan Nacional de Desarrollo que se está construyendo. Conocer sus demandas permitirá articular una respuesta institucional enfocada en sus necesidades. Este punto es importante porque no es posible equiparar al campesino cultivador con los grandes traficantes de cocaína. Además, en esa dirección apunta la reforma constitucional que se está tramitando en el Congreso y que reconoce a la población campesina en general como sujeto de especial protección.
Tercero, estas medidas serán útiles para lograr victorias tempranas en los municipios con baja intensidad de cultivos de coca y que pueden direccionarse a otros sectores de la agricultura. Municipios como Cúcuta, El Zulia, Ábrego, La Playa, Ocaña, La Esperanza, Hacarí, San Calixto, Convención y El Carmen tienen una posibilidad de adoptar estrategias para lograr un abandono gradual y sostenido.
Generar esas condiciones será la tarea en la que deben empeñarse los gobiernos departamentales y municipales en los meses que les restan de gestión. Para lograrlo, sugiero dos puntos de partida: apoyarse en los organismos de cooperación presentes en Norte de Santander y observar los proyectos de transformación territorial que se vienen desarrollando en los vecinos departamentos de Santander y Boyacá.
