El conflicto armado en Colombia ha dejado un saldo estremecedor de 10 millones de víctimas. Es la suma de homicidios, desplazamiento con despojo de bienes, desaparición forzada y todas las demás formas de criminalidad, con énfasis en la barbarie y la violación de los derechos humanos. Un suplicio de características abismales que impone la prioridad de la reparación.

Las manifestaciones del pasado jueves, con motivo del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, fueron legítimas acciones de quienes padecen el peso abrumador de la muerte de sus seres queridos o del suplicio que sigue a la acumulación de ultrajes, generados por los actos de fuerza de los actores de la recurrente confrontación.

La reparación no es solo de indemnización económica, sino también de la no repetición de los horrores cometidos y de la consolidación de las condiciones que garanticen el desarrollo de una existencia en la que prevalezcan la dignidad y la libertad como valores esenciales de la vida.

La solidaridad con las víctimas impone construir una sociedad con garantías de seguridad que hagan posibles los beneficios de la capacidad creadora de las personas. Una sociedad en la que las diferencias no den lugar a la discriminación ni a la agresión clasista. Una sociedad sin las fragilidades de la pobreza ni las incertidumbres de la mezquindad.

Cuando se plantea la no repetición de los actos de aniquilamiento, se trata de superar los factores despreciables que degradan la condición humana.

Estar por encima de la violencia también es obrar con justicia y con sentido de solidaridad, para evitar privilegios que degraden las relaciones en el conjunto de las comunidades, llamadas a mantener relaciones de beneficios comunes.

La vida no debe estar expuesta a los vaivenes de la falacia. Hay que enaltecerla cotidianamente mediante actos positivos propios del ser humano. Y estos involucran los sentimientos de amistad como fuente de fortalecimiento de sus relaciones.

El Estado debe ser fiel garante de los desarrollos sociales que promuevan la convivencia y eviten exterminios rutinarios. Para ello, hay que implementar políticas acordes con los derechos, destinadas a no generar brechas de clase que surten fracturas nocivas ni a convertirse en caldo de cultivo de enfrentamientos letales.

La solidaridad con las víctimas y su reparación pasan por la gestión institucional orientada a prevenir situaciones de crisis en la sociedad. Todo debe conducir a la estabilidad funcional de la democracia, proyectada en sus más enriquecedoras posibilidades. Es cerrarles las hendijas por las cuales pueden colarse los desatinos y provocar estímulos negativos.

Hay que celebrar el ánimo predominante en los actos de solidaridad con las víctimas. Allí hay un factor positivo para que la causa de la reparación no se quede en promesas, sino que sea la expresión de un interés colectivo en función de la paz que debe prevalecer en Colombia, a pesar de quienes se oponen a esta finalidad. No se debe bajar la guardia cuando se trata de fortalecer la vida de todos.

Puntada

Natacha Ramírez tuvo una vida útil en la comunidad regional. Siempre procedió con espíritu solidario y no le faltó afecto hacia su entorno. Su muerte es motivo de duelo.

ciceronflorezm@gmail.com

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