Es evidente que la reforma tributaria se necesita y también que el gobierno ha presentado un proyecto que parece contener elementos positivos como la eliminación de muchas exenciones, no todas, la reducción de los impuestos a las empresas y el aumento de la capacidad de recaudo. Pero hay inquietudes válidas que no se resuelven fácilmente y menos en los pocos días que quedan del período legislativo. Por ejemplo, la inquietud expresada por Germán Vargas y la ministra de Vivienda, en tonos distintos, sobre los posibles efectos negativos de la reforma sobre la oferta futura de vivienda social, No es simplemente un episodio de desacuerdo entre distintos segmentos del ejecutivo, ni se trata de preferir el bien común. Se tiene que sopesar la ventaja de eliminar un beneficio tributario contra la desventaja de dejar a un montón de gente sin vivienda.

Todos los que han descubierto a la carrera que la reforma les va a dañar proyectos ya comenzados o que les va a reducir el valor de sus propiedades, que son una muchedumbre, están buscando la forma de protegerse y cómo hacer lobby para defenderse. sacar o meter artículos que los favorezcan. Algunos de ellos tienen quejas que se originan en el ámbito privado, pero tienen consecuencias que afectan seriamente al público en general. Me refiero, por ejemplo, a proyectos que conozco de salud para exportación de servicios, o a sectores como el de transporte de carga que pueden verse afectados por alzas de tarifas y eliminación de exenciones que pueden reducir la capacidad de competir hasta el punto de hacer inviables sus empresas. A las cosas que funcionan bien no es socialmente útil hacerlas inviables.

Un grupo de afectados que no tienen quien los represente o capacidad de defenderse son los asalariados. Y su desprotección aumenta a medida que sube su ingreso. En un país en el cual el resto de la población asimila con los ricos a los ejecutivos medios y altos, que no se consideran trabajadores y son patos rencos a la merced de las ofensivas para mejorar el recaudo. Los están usando para demostrar que el sistema tributario es progresivo cuando esta reforma, no solamente por el IVA, inclina demasiado la balanza a favor del capital y en contra de los trabajadores, especialmente los de ingresos medios y altos. Alguno de los candidatos presidenciales que no están en el gabinete, o Sergio Fajardo, si reaparece, se van a dar cuenta de que los que viven de su trabajo y no de la renta necesitan a alguien que los defienda.  

El temor de que las agencias calificadoras reduzcan la calificación de riesgo es la principal razón que se aduce para ferrocarrilear esta reforma y el gobierno se somete por ello a presiones que pueden salir muy costosas, como dejar que se apruebe un retroceso en las leyes laborales en lo referente a horas extras y licencia de maternidad. Pero el indicador de riesgo de la deuda colombiana, la diferencia en tasa de rentabilidad de los bonos de deuda pública colombiana en comparación con los del Tesoro de Estados Unidos, se ha reducido y está bastante estable. No parece que los mercados exhiben la misma urgencia que el gobierno. ¿Se puede esperar a febrero para aprobar la reforma y discutirla con serenidad?