Cuando los medios de comunicación no entregan al público información veraz e imparcial -como lo exige el artículo 20 de la Constitución- causan mucho daño a la institucionalidad, desorientan, desfiguran la realidad y vulneran el derecho fundamental a la información. De ese derecho son titulares no solamente quienes suministran la información sino todas aquellas personas que la reciben.
Desde la Sentencia T-332 de 1993, la Corte Constitucional ha reiterado un principio de máxima importancia:
“El derecho a la información es de doble vía, característica trascendental cuando se trata de definir su exacto alcance: no cobija únicamente a quien informa (sujeto activo) sino que cubre también a los receptores del mensaje informativo (sujetos pasivos), quienes pueden y deben reclamar de aquel, con fundamento en la misma garantía constitucional, una cierta calidad de la información. Esta debe ser, siguiendo el mandato de la misma norma que reconoce el derecho, veraz e imparcial".
Recordemos también que la veracidad e imparcialidad de la información que difunde hacen parte de la ética del periodista, quien -a la luz de ella- ha de ser independiente, veraz y responsable. Por tanto, no debe aprovechar su función para fines distintos de los que son propios de su actividad profesional, por ejemplo, los políticos.
No obstante, en Colombia estamos observando, cada vez con mayor frecuencia, que periodistas toman partido, en medio de la polarización política existente, y la trasladan a la información. Desde luego, tienen derecho a pensar una u otra cosa, a expresar su opinión con libertad, a ser favorables o contrarios a un gobierno o a decisiones y actos oficiales o de oposición, pero sin confundir los propios y personales criterios de orden político o ideológico con las informaciones que transmiten a la sociedad. Ellas no deben ser acomodadas, tergiversadas, falseadas o contaminadas por el informador, según sus personales inclinaciones, porque el primer y más importante compromiso de un periodista es con la verdad.
Algunos periodistas -no todos, por supuesto, ya que tenemos excelentes comunicadores- pretenden que sus entrevistados respondan a sus preguntas de manera que coincida con sus propias posiciones. De modo que, si la respuesta no corresponde al sentido en que desearían que se contestara, cortan la respuesta -lo cual constituye censura-, o desvían el reportaje a temas diferentes, sin permitir que se complete la respuesta.
Hace unos días, en algún noticiero que transmitía en directo sobre la dolorosa crisis de los pacientes que esperan inútilmente la entrega de sus medicamentos, ante la pregunta de la periodista, una señora manifestaba su opinión y se refería a la Ley 100 de 1993. De inmediato, la comunicadora la interrumpió, le retiró el micrófono y no le permitió seguir hablando. “¿Por qué no me deja hablar?, decía la interrogada. El video, presentado en las redes sociales, se hizo viral y, por paradoja, la opinión de la señora se expandió rápidamente en el país.
Sería bueno que nuestros comunicadores reflexionaran sobre este asunto y acerca del trascendental papel que debe desempeñar el periodismo en bien de la sociedad y del derecho fundamental que tenemos todas las personas a estar informadas de manera cierta, veraz y confiable.
El periodismo debe ser independiente en su actividad informativa, sin perjuicio del derecho de cada uno a pensar y creer, según sus propios criterios, lo que mejor considere.
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