Gustavo Petro le declaró la guerra a la institucionalidad y para eso se rodeó de lo peor de la clase política y judicial del país como los impresentables Armando Benedetti, Roy Barreras y Eduardo Montealegre (detrás de quienes se ven la orejas del Nobel), junto con sus aliados narcoguerrilleros, los anarco-sindicatos y los indígenas politizados, quienes con fervor serán serviles hasta la ilegalidad, no por convicción sino por comisión.
El presidente de la Corte Constitucional decía en la pasada reunión de Asobancaria en Cartagena que la defensa férrea de la institucionalidad sería la salvadora de la democracia, pero lo que se observa es que el Presidente Petro impunemente no acata ningún fallo judicial ni decisión parlamentaria y en sus alocuciones con desvaríos llama a tomarse el poder desde la calle y a acabar los enemigos de clase. Hace mucho se debía haber ganado un juicio por indignidad, pero la institucionalidad colombiana está marcada por la presidencia imperial y no por pesos y contrapesos de equilibrio democrático, sino más bien por “dame que te doy”, convirtiendo la institucionalidad en una moneda de cambio y el Estado en un botín.
Lo que inició en 1991 y se consolidó en el proceso Santos-Farc fue la visión económica rentista-colectivista y políticamente la supremacía del Estado sobre la libertad individual, alcanzando con Gustavo Petro el culmen de ese adefesio, buscando consolidar un estado narcosocialista de corte “bolivariano”. No se ve que ese mismo estado infectado en todos sus estamentos de progresismos, tenga los mecanismos para controlar un embate de ese tipo. Y la destrucción de la moral militar por los buenos oficios del exministro y hoy prófugo con circular roja de Interpol Iván Velásquez, nos plantea un reto vital para evitar la cubanización al estilo chavista.
En concreto, no estoy seguro que se pueda contener el ataque progresista en derecho. Solo queda el imposible que nunca logró Venezuela, una huelga general que saque del poder al pichón de tirano que hoy desconoce la institucionalidad, al costo que sea, pues ahí vendrán las bandas del tirano (la primera línea) y las milicias narcoguerrilleras, a infundir terror mediante la violencia. Ya empezaron a asesinar contendientes políticos, a atacar zonas urbanas y a hacer terrorismo para detener cualquier oposición e infundir miedo, y si el presidente sigue poniendo magistrados, pronto las Cortes serán instrumentalizadas para también “detener” la oposición.
El desarrollo de la institucionalidad colombiana muestra que la concepción de la primacía del Estado sobre el ciudadano es una patología que no solo degrada al Estado mismo, sino lo que es peor, degrada a la sociedad. Un sicario de 14 años, con quien sabe cuantos asesinatos más en su haber, muestra que la famosa defensa de Roy Barreras y Gustavo Petro de los “niños” asesinados en la guerra para justificar el abandono de la ofensiva militar sobre las bandas criminales por bombardeos, solo buscaba el crecimiento de la narcoindustria ayudada además por la prohibición de aspersión aérea de glifosato, pero que conllevaba a que la juventud rural o urbana marginada fueran botín de esas bandas, convirtiéndolos en asesinos sin responsabilidad penal por no ser adultos. El mismo formato de otros terroristas como los yihadistas, que tanto defiende Petro.
Sacar a Petro y dejar el Estado como está solo lograra retrasar la desaparición de Colombia como un Estado viable que otorgue a sus ciudadanos los medios para llevar una vida segura, sostenible y feliz. Hay que desmontar el andamiaje desde el que el socialismo montó su estrategia de captura del Estado con la ayuda de unos personajes con moral liviana, carácter ladino y audacia desvergonzada (no confundir con inteligencia) y para hacerlo un primer buen camino es desarrollar realmente la descentralización que estableció la actual Constitución.
Es el momento de parar ese camino al Estado fallido a que nos está llevando la ruta Samper-Gaviria-Santos-Petro, desarrolladores de una institucionalidad degradante. Hubiéramos enderezado si Samper hubiera sido declarado indigno y destituido.
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