Un acuerdo entre el Gobierno y Cambio Radical fue anunciado esta semana. Su objeto inicial es el proyecto de reforma tributaria que cursa en el Congreso. Es una buena noticia. Aunque creo que el país tiene pendiente un gran debate sobre el gasto público, con miras a examinar su pertinencia y a buscar su reducción, no cabe duda de que, en las circunstancias actuales, son indispensables nuevos ingresos para financiar el presupuesto.
Confío en que el acuerdo trascienda este proyecto puntual y asegure la entrada de Cambio al gobierno. Parece que en Casa de Nariño ya entendieron que es indispensable contar con mayorías permanentes y estables en el Congreso. Para ello se necesita el apoyo de Cambio, con cuyos parlamentarios existen evidentes afinidades, y quizás también el del grueso del partido Liberal. Ambos partidos, no sobra recordarlo, apoyaron a Duque en la segunda vuelta de las presidenciales. De paso, el Gobierno dejaría de depender del voto de los miembros de la U que, como Roy Barreras, intentan chantajearlo mientras lo sabotean.
La gobernabilidad, no me cansaré de insistir, es el principal desafío de Duque. No es una alternativa, no es una opción. La gobernabilidad es un deber, una obligación, una condición indispensable para el buen gobierno. Duque tiene que conseguirla sin caer en la mermelada, con la cual Santos aseguró el irrestricto apoyo de todos los partidos en el Congreso, incluidos los de izquierda y con la única excepción del Centro Democrático. Haberle puesto freno a esa práctica nauseabunda es uno de los grandes méritos del Gobierno y merece todos los aplausos. En esa decisión no se puede retroceder. Sería fatal en la lucha contra la corrupción.
Pero hay que distinguir la mermelada, es decir, los cupos indicativos y el acceso al presupuesto público y la contratación, de la representación política. Esta última es indispensable en gobiernos que, como este, provienen de una alianza electoral. Todos los que contribuyeron a elegir al Presidente tenían la legítima expectativa de participar en el gobierno electo. Dejarlos por fuera ha sido un error muy caro. Pero se está aún a tiempo de corregir y el acuerdo con CR parece ir en esa dirección.
Duque, sin embargo, debe tener cuidado en que al armar el nuevo rompecabezas no maltrate a los conservadores, a los movimientos cristianosy al Centro Democrático, los únicos que han estado con él desde el principio e inequívocamente. Si termina privilegiando a los que ahora son independientes para perjudicar a los que hasta hoy lo han acompañado solo logrará apagar el fuego con gasolina y encender la pradera de su lado.
La gobernabilidad en el Congreso es, además, indispensable para un gobierno de tan baja popularidad como el de Duque. Uribe, sin haber elegido un congresista en el 2002, sacó adelante, con facilidad, su agenda legislativa. Se apoyaba en la fuerza de su respaldo popular. Pero cuando las encuestas castigan, el gobierno necesita aún más el apoyo de unas mayorías en el Congreso. No se gobierna para las encuestas, pero gobernar sin popularidad y sin mayorías parlamentarias es casi imposible.
No debe olvidarse que el Gobierno es impopular sin haber adelantado su agenda. Peor, lo es aunque haya hecho esfuerzos sustantivos como el del incremento del presupuesto en educación que, por cierto, se entregó sin exigir contraprestación alguna en materia de calidad o de reforma curricular. Y los beneficiarios ni se lo reconocen ni se lo agradecen. Lo prueba el impulso al paro de los estudiantes universitarios y de Fecode. Dos lecciones que vale la pena aprender: una, la izquierda no perdona, por mucho que se intente darle gusto; dos, Duque no mejorará en las encuestas complaciendo y apoyando la agenda de la oposición.
Para rematar, el paro, con el aplauso de buena parte de los medios, ha puesto a Duque en un predicamento. La indispensable agenda de reformas incrementales, su agenda, como las que se necesitan en lo laboral y en pensiones, ha sido objeto de ataques sistemáticos aún sin tener borrador ni haber sido presentadas. El margen de maniobra es casi inexistente. Sin gobernabilidad en el Congreso, está perdido.
