La presentación del proyecto de una universidad para la ciudadela Juan Atalaya por parte de la gobernación, que ofrece la posibilidad de ampliar el acceso a la formación profesional y tecnológica en el occidente de la ciudad, plantea una gran paradoja jurídica y urbanística: implantar el proyecto en un predio hoy clasificado como espacio público.
Si bien nuestra ciudad especialmente requiere de centros educativos de formación, también cuenta con un gran déficit de espacio público. Por cada cucuteño hay 2,44 m2 de espacio público. Mientras UNHabitat plantea un índice adecuado de 10m2 por habitante y la OMS indica que lo óptimo son entre 9 y 15 m2, el POT vigente apunta a lograr un indicador en el largo plazo de 5 m2 por habitante. Específicamente para las Comunas 7 y 8 en el occidente de la ciudad el indicador es de 1 m2 y 3,7 m2 por habitante respectivamente.
Desde la Constitución de 1991, el espacio público tiene protección constitucional al señalar que “es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular". De igual manera, la Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997 y el Decreto 1504 de 1998 refuerzan este principio al establecer que los bienes de uso público son inalienables, imprescriptibles e inembargables. No se venden, no se privatizan, no se cambian de destinación por conveniencia política, y mucho menos por decreto o por un simple acuerdo del concejo municipal.
La pandemia nos enseñó las ventajas de una educación deslocalizada y desde casa, pero seguimos necesitando lugares físicos de reunión, esparcimiento y también de debate e investigación. Nuestro papel como arquitectos exige compromiso con la ciudad y que nuestras intervenciones apunten a la materialización de los derechos e intereses colectivos. Desde esta premisa, la postura no es defender espacios públicos abandonados, deteriorados o invadidos solo porque representan metros cuadrados para un indicador en oposición a una buena causa que empezó por mal camino.
Los estudios y diseños “prácticamente listos”, los 35 mil millones de pesos aprobados por la Asamblea para la infraestructura educativa y la solicitud al concejo municipal del cambio de uso, revela el desconocimiento de la planeación y el ordenamiento jurídico y territorial al concebir un proyecto sin prever la condición del suelo, la ciudad y sus déficits. ¿No se reviso previamente el POT y se emprendieron los estudios y diseños sujetos a una decisión compleja que en el mejor de los casos exige una compensación de igual o mayor área de espacio público en el mismo sector donde claramente no hay suelo disponible?
La construcción de la ciudad no es únicamente el resultado de la aplicación del POT, es la materialización de las necesidades colectivas plasmadas a lo largo de su historia, que con el tiempo se convierten en tipologías o modelos validos por ser soluciones a problemáticas urbanas. La construcción de un centro educativo no debe significar disminuir el cambio de uso para disminuir aun mas el espacio público y que esta práctica se normalice. Un proyecto que se concibió desconociendo el ordenamiento territorial aplicable y que pretende simplemente cambiar de espacio público a otro por muy noble que parezca, no construye ciudad, la desordena. Gobernar es ante todo respetar el estado social de derecho.
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