La acumulación de problemas en Colombia, con la permisividad de quienes han tenido el manejo del poder en las diferentes instancias ha puesto a la nación en situaciones de emergencia recurrentes. No obstante, las reiteradas invocaciones a la democracia, a la institucionalidad, al Estado social de derecho consagrado como norma constitucional, es considerable el retardo de las soluciones esperadas porque los mismos órganos encargados de su aplicación crean barreras para obstaculizar las propuestas de cambio.
Pareciera ser que los defensores del statu quo obran con cálculo conforme a sus intereses para protegerlos a costa de la población atrapada en los atrasos, condenada al marginamiento.
Eso explica en cierta forma la proliferación de las perturbaciones a lo largo y ancho de la nación. La pobreza, con la ostensible falta de oportunidades, la corrupción en su diversidad de pilares, la violencia de los grupos armados con fines criminales, el abuso de poder son expresiones del manejo errático en que se ha mantenido la gobernanza a través de los 200 y más años de la república, desde la independencia que le puso fin al colonialismo del impero español. El objetivo no ha sido el del bienestar de todos sino la protección de los acomodados en el los privilegios excluyentes.
Esas condiciones predominantes de desigualdad, puestas en evidencia por organismos representativos de la comunidad internacional, son las que demandan una corrección a fondo en forma sostenible. La convivencia y el desarrollo nacional en términos de satisfacción colectiva debe ser un propósito común y en lo cual es indispensable el compromiso de la cúpula dirigente de la nación con decidida voluntad. Al respecto no caben más dilaciones. Se trata de una prioridad reconocida por todos. Impedirla es poner a Colombia en riesgo de insolvencia que puede llevar a una frustración de efectos catastróficos.
En la construcción de un nuevo rumbo de la nación se debe tomar conciencia sobre las prioridades irrenunciables. Estas son, la paz, con los cambios que le sirven de soporte funcional y la erradicación de la corrupción, con la destrucción de todos los entramados que la sostienen.
Hay que entender que la paz no es solamente la desmovilización cuantitativa de los combatientes en armas. Además del desarme y del regreso a la normalidad de quienes han generado violencia, se impone una actualización de las instituciones con que se oxigena la democracia. En esto juega la política como fuente para el fortalecimiento de los derechos que garantizan existencia digna a las personas. Es la política con diafanidad en sus contenidos, libre de trampas y de negociados que generan abyección. La política con tolerancia o reconocimiento de las diferencias. Lo cual obliga a que las colectividades obren con una identidad que les de solvencia y credibilidad.
La otra prioridad es la lucha contra la corrupción mediante acciones efectivas de la justicia. Aquí es exigible la reparación los detrimentos causados por el abuso criminal en el manejo de recursos públicos. Y no caben concesiones que le den impunidad a los comprometidos en actos de mayúscula picardía. Como los casos de la Unidad de Gestión del Riesgo.
Colombia no puede seguir dependiendo de los “sabios” que se oponen a todo cuanto lleve al bienestar del pueblo.
Puntada
La celebración de los 62 años de la Universidad Francisco de Paula Santander debe abrir espacio a nuevas metas académicas. Es el patrimonio que tiene que ensancharse.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
