El debate en curso por el aumento decretado por el gobierno del salario mínimo, hoy llamado vital, muestra que el salario tiene varios rostros, varios componentes. Es una variable económica, mejor diría socioeconómica, que, además de relacionar la oferta y demanda de trabajo, es central en la estructuración de las relaciones sociales y de poder entre las clases sociales y factor esencial en la distribución de la riqueza que se genera en la sociedad. Se encuentra en el cruce de muchos caminos de la realidad de la economía del país: la productividad del trabajo, las relaciones entre el capital y el trabajo, la política pública de desarrollo.
Es componente fundamental del ingreso de los ciudadanos, pero no solo eso. Su modificación, por consiguiente, necesita ser realizada no como fruto de una decisión autónoma y aún caprichosa del gobernante, sino sustentada en un análisis de las circunstancias y perspectivas de la economía y del mercado y de sus impactos en el empleo. Nadie en su sano juicio va a defender salarios “de hambre” o aumentos tales que “fundan la economía”.
La decisión del ajuste salarial para 2026, por falta de acuerdo entre gremios y sindicatos, quedó en manos del presidente y su decisión parece que la hubiera sacado del cubilete del mago. El Consejo de Estado, con toda razón y justificación, lo puso a justificarla, la cual debe estar ceñida al procedimiento legal establecido.
Además, el ajuste del salario mínimo decretado no se compadece con las posibilidades actuales de la economía, por lo que tendría fuertes consecuencias negativas sobre ella, empezando por el aumento de la ya enorme informalidad laboral, que hoy representa cerca del 60% del empleo en el país, un tema que al gobierno no parece interesarle.
A las organizaciones sindicales, presentes e influyentes en el gobierno y cuyos afiliados y representados son formales, obviamente apoyan el aumento salarial decretado. El desempleo no es asunto ni preocupación suya. Y, mientras tanto, los informales, que son una mayoría creciente, siguen condenados al rebusque del sancocho.
La fundamental e inaplazable tarea del próximo gobierno es, con toda su complejidad e implicaciones, atender la realidad del mundo del trabajo, que va más allá de los periódicos ajustes salariales. Sin duda, uno de los asuntos más importantes, que han sido sistemáticamente olvidados por los anteriores gobiernos.
Sin trabajo y sin apoyos al emprendimiento, los potenciales y posibilidades del país, a pesar de su gente y su cultura, de su riqueza natural y sus instituciones e inserción en el mundo, seguirán siendo solo posibilidades, asediadas por los países y economías que sí han desarrollado las suyas y que buscan aprovechar las de los países que no las han aprovechado, como Colombia; simplemente les ocupan sus espacios, beneficiándose de sus posibilidades económicas.
El trabajo, una vieja verdad sabida, debe ser el eje estructurador de una política de desarrollo y transformación de largo plazo, comprensiva e integral; con sus características propias, debe ser estructurada y ejecutada con y desde las regiones, donde el sector privado y las iniciativas y organizaciones ciudadanas no sean pasivas frente a la tarea, sino sus conjecutoras en los espacios regionales y locales definidos para ello.
Repitamos algo que mucho se ha predicado a través de los años, pero que poco o nada se ha aplicado: que el desarrollo no cae del cielo o de la capital del país o del departamento; que surge, nace en los territorios, dada su naturaleza territorial, bajo el impulso y el compromiso de las comunidades y de organizaciones e iniciativas ciudadanas múltiples, que deben articularse, sin fundirse, con las iniciativas oficiales. Unidos, pero no confundidos.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
