Después de desbloquear el curso de la negociación al lograr un acuerdo sobre principios básicos para el desarrollo rural, teníamos por primera vez en meses textos sobre la mesa, acordados dentro de la regla de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. ¡Parecía increíble! Nos llenamos de optimismo, incluso hacíamos cronogramas sobre el momento del acuerdo final antes de las elecciones del 2014. Pero como se vio hasta 2016 los tiempos siempre fueron más largos e inciertos.
Pasamos entonces a un asunto tan viejo como Colombia: el acceso y el uso de la tierra. Debo confesar que en la preparación del tema con asesores excelentes y conocedores, me llamó la atención que casi todo estaba legislado, sobre casi todos los problemas agrarios había una serie de sentencias de las altas cortes y decretos de los distintos gobiernos, se habían ensayado todos los métodos de financiación. Desde López Pumarejo, Colombia había adoptado las más progresistas normas y maneras de enfrentar el desarrollo del campo y la propiedad democrática de la tierra, figura que usó la señora Thatcher, conspicua conservadora, décadas después. Pero como siempre, ¡fallamos en hacer cumplir la ley!
El territorio estaba grosso modo distribuido por mitades, 55 millones de hectáreas, cada una, entre la Colombia inexplotada y desconocida y la Colombia en proceso de 500 años de ocupación por sus habitantes e instituciones. La discusión se centró en la segunda mitad, pero como había Farc y cultivos de coca en la otra mitad y en los territorios protegidos étnica o ambientalmente, se le dedicó también una buena parte de la discusión. Lo primero que se abordó fue el ámbito de la negociación en este punto: un fondo de tierras, el tratamiento a las tierras improductivas, la formalización de la propiedad rural, la frontera agrícola.
Empezamos por el fondo de tierras y cómo se alimentaría, para lo cual llegamos rápidamente a la identificación de una primera fuente: la extinción judicial penal del dominio. Subrayo judicial, para que quede claro que ninguna otra extinción diferente a la ordenada por un juez en causas penales, alimentaría este instrumento crucial sin que medie indemnización a precios de mercado. Se acordó que se haría una reforma del proceso de extinción, cosa que ya fue cumplida incluso con participación de la Fiscalía. Enseguida, sumamos las tierras baldías recuperadas por la nación, potencialmente muy importantes dados los abusos que se han cometido con las adjudicaciones durante muchísimos años.
Pasamos a la actualización de la llamada reserva forestal de Alberto Lleras; esta protección a la luz del progreso nacional hasta hoy, se fue quedando obsoleta, mal delimitada, débil donde debiera ser fuerte y obstáculo donde no debiera existir. Vino después la expropiación administrativa de tierras inexplotadas o cuya propiedad no cumpla sus funciones social y ecológica establecidas en las leyes; nada nuevo; solo traer a colación lo ya existente desde los treintas y nunca enforzado suficientemente.
Se añadió después la expropiación con indemnización por utilidad pública, consagrada en la constitución desde el siglo XIX, y se abrió una ventanilla para recibir donaciones de tierra por parte de quienes quisieran vincular algo de sus propiedades rurales a planes de desarrollo que traigan mayor tranquilidad y prosperidad en la respectiva zona. Como en la vivienda urbana, se acordó un subsidio para compra de tierra y una línea de crédito subsidiada para el mismo fin.
Los beneficiarios de este fondo de tres millones de hectáreas, equivalente a quince veces la del valle geográfico del río Cauca, extensión nada despreciable pero ampliamente posible comparada con el total del territorio actualmente incorporado, son los campesinos con énfasis en las mujeres y en los desplazados, y las asociaciones también con vocación agraria.
Al gobierno se le pide evitar la especulación durante los procesos con los instrumentos legales que ya tiene, como congelamiento de traspasos y de avalúos catastrales. Junto con la tierra vendrían el acompañamiento en vivienda rural, asistencia técnica, capacitación, adecuación, proyectos productivos y el aumento de la provisión de bienes públicos; todo esto se fundamentó en una política que no tiene ideología y que es inexorable si queremos, como he dicho, ser país desarrollado: la convergencia del sector rural con el urbano en cuanto a las condiciones de vida de sus pobladores, niveles de pobreza, seguridad, educación, conectividad física y cibernética, entre otros, en dos generaciones más.
