La angustia que muchos colombianos estamos experimentando es abrumadora. Sentimos un profundo dolor en el corazón y una aflicción por la patria que no habíamos sentido en mucho tiempo. Hoy nos enfrentamos a un gobierno que se ha entregado ante los grupos terroristas y que ha mostrado signos dictatoriales en sus decisiones, lo cual genera una gran alerta para todos.
Evidencia de esto, dan todos los acontecimientos sucedidos en esta semana.
Otty Patiño, comisionado de paz, recibió con beneplácito el anuncio de las disidencias de alias Iván Mordisco sobre la creación de un nuevo bloque central y su expansión a nuevas áreas del país. Esto confirma que detrás del debilitamiento de las Fuerzas Armadas y la concesión hacia los grupos terroristas existe una estrategia oculta para mantenerse en el poder.
Esta evidencia se fortalece aún más con las declaraciones de alias Alquiver, comandante de la Segunda Marquetalia, quien afirmó que la paz depende de la continuidad del ‘gobierno del cambio’, planteando una inminente alianza entre las disidencias y el gobierno para las elecciones del 26, con el objetivo de lograr la implementar el régimen socialista del siglo XXI, lo cual ha demostrado traer solo miseria a los pueblos. Las preocupaciones no terminan aquí. Las declaraciones del ministro invisible de defensa, que minimizó la reorganización de este grupo como un asunto ajeno, demuestran un cinismo alarmante. Es evidente que no comprende su función constitucional de proteger al pueblo colombiano, lo cual plantea interrogantes sobre su competencia e integridad. Además, resulta indignante la posición del canciller, que glorificó la democracia en Venezuela, avalando un proceso electoral antidemocrático.
Esta es la democracia que Petro y sus secuaces quieren implantar en Colombia. Se entiende cada vez más por qué Petro ha alabado el sistema electoral venezolano en comparación con el colombiano y por qué la SIC, de manera extorsiva, inspeccionó a la Registraduría y a la empresa Thomas Greg and Sons. Cada día queda más claro su interés en quedarse con el contrato de operación de las elecciones ya que están conscientes de que el pueblo los castigará en las urnas, algo que no están dispuestos a permitir.
Los rasgos dictatoriales se manifiestan cada vez más en las decisiones del Gobierno, que emplea las superintendencias como arma política para intimidar a quienes no siguen sus directrices, violando así el principio de separación de poderes. Además, ejecutan acciones que no pueden llevar a cabo legalmente en el Congreso.
Es evidente cómo, mediante estos métodos, lograron tomar el control de la junta directiva de la nueva EPS, amenazando a las cajas de compensación que eran socias con intervenciones por parte de la Superintendencia de Subsidio Familiar. Estas acciones prefiguraban lo que sucedería con las EPS, por lo que no sorprenden las intervenciones realizadas esta semana por la Supersalud a Sanitas y a la nueva EPS, las cuales fueron ilegales, abruptas y grotescas.
Tuve la oportunidad de conversar con varios funcionarios que trabajan en la superintendencia, y quedaron aterrados por lo ocurrido. Me informaron que, en situaciones similares en el pasado, solían llevar a cabo un análisis exhaustivo y un proceso gradual antes de decidir intervenir, especialmente cuando se detectaban casos de corrupción. Sin embargo, en esta ocasión, la situación fue totalmente diferente. El lunes pasado, un grupo de funcionarios fue confinado y se les exigió que, en apenas dos horas, elaboraran un informe para cinco EPS que estaban consideradas para intervención. A pesar de las advertencias de algunos funcionarios sobre la necesidad de realizar análisis jurídicos, financieros y técnicos adecuados, se les indicó que la decisión ya estaba tomada y se les instó a proceder con el informe. Varios funcionarios advirtieron a la superintendente delegada sobre las peligrosas consecuencias que esto podría acarrear, pero hicieron oídos sordos y emitieron las decisiones de manera precipitada, sin existir un expediente que sustente la intervención, como lo afirmó la procuraduría.
Al gobierno no le importa el éxito de estas intervenciones; su objetivo es manejar los recursos del sistema de salud a su antojo para la campaña del 26.
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