El 93% de los colombianos según la última encuesta de Invamer, no de la oposición, cree que el país va por mal camino. Medicina Legal señala que en Colombia tuvimos un 19% más de homicidios que en el 2019, antes de la pandemia.
La Defensoría del Pueblo, alertó esta semana del riesgo electoral en 521 municipios. Hace pocos días una prestigiosa organización de derechos humanos advirtió que en el 2021 el país había llegado a un nivel de masacres similar al que tuvimos en los terribles 1997,98 y 99. Son datos, cifras y no opiniones de la oposición, que indican con claridad absoluta que a solo 3 años y medio del regreso del uribismo al poder, retrocedimos décadas en seguridad.
Si revisamos los indicadores de pobreza, desempleo, hambre y desigualdad, podríamos llegar a idénticas conclusiones en lo social. Y si repasamos el déficit en la balanza de pagos de la nación, el déficit fiscal y el dólar arriba de los $4000, la conclusión en lo económico es la misma.
Pero concentrémonos en la situación de inseguridad. El crecimiento de asesinatos de líderes sociales y excombatientes que cumplieron los acuerdos, la incapacidad del gobierno para combatir a los grupos que persisten en la violencia, la percepción de inseguridad en las principales ciudades, el drama humanitario del desplazamiento en Cauca, Arauca, Chocó y el Catatumbo, el regreso de la violencia electoral y de los atentados terroristas contra nuestros soldados y policías, generan un estado de malestar y pesimismo en los colombianos que no creen en sus instituciones. Atravesamos una delicada crisis de legitimidad que debemos superar para preservar nuestra democracia. Para lograrlo se necesita un nuevo liderazgo nacional, que obviamente no tiene un gobierno incapaz, improvisado y moribundo, que más parece un jardín infantil jugando con el estado y repartiéndose privilegios sin vergüenza alguna, como en una piñata.
Es triste y doloroso que después de acariciar la paz en muchas zonas de conflicto hacen 5 años, el gobierno Duque haya perdido la oportunidad de unir a los colombianos en torno a la implementación del acuerdo. Ahora, ante el evidente deterioro en zonas como Catatumbo o Cauca, ya en su agonía insisten en poner el espejo retrovisor y culpar a Santos de todos sus desastres. Decidieron no resolver los problemas, sino buscar responsables. Se quedaron en la narrativa de que todos los males del país se reducían al crecimiento de los cultivos de coca, como consecuencia de la firma de los acuerdos de paz. Ya se les termina el periodo con el mismo disco rayado, sin siquiera avanzar en la solución de ese problema que para ellos es el único de Colombia.
Y finalmente, es lamentable el clima de garantías electorales. Hace 4 años los colombianos eligieron a Duque en medio de las elecciones más tranquilas, seguras y transparentes de toda la historia del país y se garantizó una transición pacífica del poder. La democracia se amplió con la aparición de nuevos actores políticos en el Congreso y el estreno del estatuto de oposición.
Hoy, asistimos a unos comicios electorales atravesados por la violencia en varios departamentos, sin garantías para los ciudadanos de algunas zonas de votar libres de presión armada. Por primera vez se eligen las curules de víctimas y son evidentes las interferencias de grupos ilegales en este proceso. La intolerancia verbal crece en las campañas y puede derivar en agresión física en cualquier momento y ya tenemos hasta acusaciones mutuas de eventual fraude de un extremo y el otro.
Ojalá no suceda nada grave y podamos elegir un nuevo Gobierno sin ningún contratiempo, que se aplique sin odios a recuperar el rumbo perdido, avanzar en la implementación integral del acuerdo de paz, restablecer la seguridad y luchar con eficacia contra la pobreza y la corrupción. Es el gran desafío que tenemos como sociedad en los próximos tres meses. No caer en los extremos y elegir un gobierno que se dedique a resolver los graves problemas de los ciudadanos y no a casar peleas internas y externas todos los días.