Los hechos poco nuevos, pero sí bastante repetitivos en diferentes municipios del país, protagonizados por las disidencias de las Farc, deberían ser un motivo de preocupación y fuente de acción inmediata para todos. 

Para empezar, hace algunos días, en el casco urbano de Tibú las disidencias del Frente 33 ataron a dos hombres a un poste y les dejaron un cartel. En las últimas horas vuelve y se repite el hecho y le hacen un ‘castigo público’ a un joven por ser consumidor de drogas. En Nariño, las disidencias están exigiendo carné de paso, con el propósito de ejercer control territorial en zonas de cultivos ilícitos y pasos estratégicos fronterizos.

“La comunidad pidió a la fuerza pública controlar a los expendedores de droga, pero quienes están respondiendo son los disidentes”, menciona Bluradio en un artículo online. Inverosímil, pero más real que nunca. Fingen poner orden y salvaguardar las comunidades de amenazas que ellos mismos originan, de cuyos negocios los dueños son ellos mismos. 

En la ‘neutralización’ de alias Kevin, cabecilla de disidencias de las Farc ‘Adán Izquierdo’ se incautaron 1.300 kg de cocaína avaluados en 43 millones de dólares. Las disidencias poseen laboratorios que procesan estupefacientes por sumas de $3.500 millones mensuales y ahora salen con que protegen a las comunidades de los expendedores de droga. 

También hace algunas horas, las disidencias secuestraron dos ingenieros en Casanare, supuestamente como mecanismo de presión a la empresa contratista de la ruta de Los Libertadores por incumplimiento a las comunidades y falta de generación de empleo local. Eso significa que realizan también interventorías en las obras, sólo falta que hagan seguimiento a la inversión física y la ejecución de recursos de los gobiernos locales. 

Ante esto, los medios se preguntan: ¿Dónde está la policía?, cuando la pregunta debería ser ¿qué pasa con el cumplimiento de los acuerdos? Hay que tener mucho cuidado y observar con lupa. En este momento, las justificaciones de las disidencias contienen los mismos elementos empleados por las AUC hace unos años: La incapacidad del Estado para mantener el orden público y el control territorial.

Una profundización o un mayor descuido de la implementación de los Acuerdos podría derivar en una cooptación y captura del Estado desde el nivel local hasta el ejecutivo. Ya hay varios ejemplos de territorios en Colombia, como Tibú, en donde estas estrategias se fortalecen cada vez más. Difieren las disidencias con las AUC, por ejemplo, en que no ofrecen apoyo social ni promueven aspiraciones políticas, pero honestamente no quiero entrar en un debate conceptual, sólo hacer referencia a situaciones similares que generan (o deberían generar) un nivel de alerta y rechazo colectivo.

Es cierto que no es la primera vez que quieren convencer a las comunidades de ser los Robin Hood criollos, pero en un contexto de ‘posconflicto’ y posterior a los Acuerdos de Paz, es inadmisible que siga creciendo este escenario y con ello la legitimidad de las disidencias entre los pobladores. 

En un artículo publicado hace unas horas, El País de España señala que alias El Paisa renegó de la vida civil y prefirió una vida de bandido en la selva. Eso es lo que no podemos permitir que suceda, necesitamos seguir invirtiendo, seguir luchando y seguir defendiendo los Acuerdos y sobre todo la vida de los firmantes. 

Las disidencias pretenden lavarse la cara con supuestos castigos sociales y a la vez seguir arrinconando a los que sí han creído en la paz (en 2021, cuarenta y cuatro firmantes han desaparecido o han sido asesinados) y han hecho un compromiso firme con ellos mismos, sus familias y toda la sociedad.

Por eso necesitamos ofrecerles (como sociedad, no es sólo desde el accionar del Estado) a los reincorporados más razones para quedarse que para irse, más razones para conformar familias y comunidades, y generarles condiciones dignas de vida que les permitan arraigarse en las tierras rurales o urbanas, pero con propósito de paz. 

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