En los años ochenta, en plena guerra del Estado colombiano contra los carteles del narcotráfico y a raíz de varios crímenes cometidos por sicarios, que incluso tenían como objetivo a los miembros de la Policía Nacional sobre los cuales se había establecido un precio por cabeza, se adoptó la medida de prohibir la movilización de hombres como parrilleros en las motocicletas, especialmente las de alto cilindraje.

Esa disposición ha estado presente desde entonces en diferentes ciudades del país, como uno de los componentes para combatir la delincuencia, sobre todo en delitos de fleteo, hurtos, atracos, asesinatos e incluso en la disminución de muertes por accidentes de tránsito.

Por supuesto que como toda decisión de la administración pública que afecta a un sector de la sociedad y que podría tener un costo político, genera polémica y reacciones en contrario. 

No es extraña la implementación de la prohibición que acaba de ser anunciada por el alcalde de Bogotá, aunque nadie pude señalar, con alto grado de prejuicio, que los motociclistas son generadores de inseguridad. El uso de ese vehículo como medio de transporte se incrementó significativamente durante los últimos años por ser más asequible en términos de economía y facilitar la movilización en medio de las congestiones vehiculares. 

Sin embargo, esas mismas circunstancias son aprovechas por los delincuentes. La moto les permite acercarse más fácil a su víctima y cometer el ilícito, luego facilita la huida a gran velocidad y casi que por cualquier ruta; adicionalmente el casco que portan estas personas, impide su identificación.

En el universo de los colombianos que tienen este medio de transporte son pocos los que lo utilizan para delinquir, pero es necesario ir cerrando espacios que pueden proporcionarles algunas ventajas. 

Ciudades como Barrancabermeja, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Medellín, Neiva, Pasto, Pereira, Valledupar y Riohacha, entre otras, ya experimentaron esta medida, en algunas de ellas incluso como un medio para detener el fenómeno del mototaxismo. Solo en Cali se ha reportado que un 80 % de los hurtos a personas son cometidos por el pasajero de una moto.

Esta disposición no acabará con la delincuencia, pero es una de tantas que se requieren para combatir la inseguridad, que incluso están en mora de ser implementadas por el preocupante aumento de delitos en las calles de las principales ciudades del país.

La medida es impopular, pero todos debemos comprometernos con la seguridad y si es necesario, hacer algunos sacrificios. Los mismos usuarios serán los beneficiados, no solo porque son objetivo de la delincuencia, también porque hay que reducir el número de víctimas fatales en accidentes de tránsito. El año pasado el Instituto de Medicina Legal reportó 3222 muertes en accidentes donde estuvieron comprometidas motocicletas.

Colombia tiene cerca de siete millones y medio de motos matriculadas en el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, y seguramente la prohibición en cuestión provocará el aumento de esa cifra porque en muchos hogares comprarán un segundo vehículo, pero son consecuencias que se deben analizar y sopesar frente a la conveniencia de evitar el transporte de parrilleros como acción contra el delito.