En mayo escribía sobre como tenían la justicia acorralada y el proyecto de acto legislativo del mal denominado equilibrio de poderes que afectaría la majestuosidad de la justicia, su independencia y la politización de la misma.
En ese momento, se proyectaba la designación de los 28.000 cargos de empleados a través del Gerente del Consejo de Gobierno Judicial, punto que generó tremenda reacción de la Rama Judicial por ser este un acto abiertamente contrario a la Justicia; era la clara politización de la misma y la indebida intromisión de los otros poderes, léase Ejecutivo y Legislativo en la Rama Judicial.
El presupuesto es exiguo, hace 25 años no se crean los cargos requeridos para mejorar la justicia, aplicándose paños de agua tibia al crear transitoriamente juzgados y cargos de magistrados y jueces de descongestión, sin política seria de continuidad. .
Con el Acto Legislativo del equilibrio de poderes se crea el Consejo de Gobierno Judicial, que entrará a remplazar al Consejo Superior de la Judicatura, imputándosele al último las fallas de algunos integrantes, desconociendo que los problemas no son las instituciones sino algunos de sus miembros.
Integrarán el Consejo de Gobierno Judicial, tres personas expertas en Finanzas y Gestión Pública, óigase bien, no abogados para manejar la justicia, su operatividad, su logística.
Formarán parte además de esos tres miembros, los 3 Presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional, un representante de Magistrados y Jueces de todo el país y un representante de empleados a nivel nacional. Les compete a ellos, elegir el Gerente de la Rama Judicial.
No se ha establecido aún su funcionamiento, forma de trabajo, que no puede ser aislada o por días, pues son políticas macro las que deben desarrollar para continuar la labor del Consejo Superior de la Judicatura, con independencia, estabilidad para los trabajadores de la Rama Judicial, garantía de los derechos adquiridos, en fin, un compromiso serio y formal para quienes salgan elegidos.
Por petición del Tribunal Superior lancé mi candidatura, contando con el apoyo de los Jueces y Magistrados del departamento, Santander, Boyacá en gestión y Arauca, al tiempo que planteo la necesidad de adoptar políticas especiales para las zonas fronterizas y aquellos territorios afectados por la presencia de grupos subversivos, que generan graves problemas sociales como la Zona del Catatumbo.
Todo sin desconocer, que, ungidos los representantes, esa vocería no es de índole personal, grupal, sino nacional, de mucha altura y compromiso con todos los servidores de la justicia y que esa elección apareja obligaciones inmensas en pos de una adecuada administración de justicia, para que ésta goce de autonomía, independencia, estabilidad laboral de sus servidores, siendo deber imperioso defenderla de la politización, evitar la reducción de los beneficios de la tutela que ha sido la mejor conquista social, y en fin, evitar que se debilite cada vez más la función natural de quien administra justicia, sagrada misión que a veces se muestra como invadida por el cáncer de la corrupción, cuando, la realidad nos demuestra el espíritu de sacrificio y compromiso de quienes laboramos para ella, así se den excepciones como en toda institución.
El compromiso es grande; el 28 de agosto se nombrarán por votación de jueces y magistrados por su candidato y los empleados por el de ellos, recalcando, que es una sola la función que deberán desarrollar los elegidos, la unidad, eficiencia y eficacia de la justicia
