La imputación de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, a los 8 exintegrantes del Secretariado de las Farc, se convertirá sin duda alguna en un documento indispensable para quienes estudien el conflicto armado con todas sus atrocidades. Y también referente internacional para procesos de paz que se adelanten en el mundo. Riguroso, sólido, contundente y ponderado, el auto es una pieza de historia, derecho penal y justicia transicional, que deberían al menos leer los alegres críticos que salen a despotricar sin argumentos. Fijan sus posiciones desde una gran ignorancia o una deliberada mala fe.
La imputación de la JEP a Rodrigo Londoño, Alape, Catatumbo y Lozada, entre otros, deja claro que los integrantes del secretariado fueron responsables de dirigir un aparato organizado con unidad de mando, que definió la política de secuestros y omitió el control a sus bloques y frentes para evitar los malos tratos a sus víctimas. Esas reprochables y atroces conductas están siendo investigadas, serán juzgadas y sus responsables condenados, de acuerdo a las normas constitucionales y legales aprobadas por el Congreso y avaladas por la Corte.
La JEP adopta como fuentes para la imputación las investigaciones de la Fiscalía General sobre los secuestros de las FARC, las versiones de los ex comandantes y las de las víctimas representadas en diversas organizaciones. También acudieron los magistrados a los propios informes del centro de memoria histórica.
Impresiona constatar en el auto que durante 50 años de persecución judicial a las Farc por parte de la justicia ordinaria, solo se llegó a 275 sentencias contra 614 alzados en armas responsables de esos casos. En el caso de los 8 imputados fueron condenados en total apenas en 30 casos y tres de los ex comandantes guerrilleros ni siquiera tuvieron un fallo condenatorio. El único imputado de esta semana que alguna vez estuvo ante un juez ordinario fue Rodrigo Granda, quien posteriormente fue liberado por razones políticas. Y ahora la JEP en tres años, con todos los obstáculos que se le han interpuesto, logra que todos los comandantes se sometan a sus jueces y sean acusados por 21.396 secuestros cometidos entre 1990 y el 2015. Qué barbaridad! Como bien lo afirma el mismo auto, “la justicia ordinaria en ningún país del mundo tiene los medios para investigar a cabalidad un conflicto interno”.
Ahora los imputados tendrán 30 días para pronunciarse en audiencia pública sobre el informe que va más allá del delito de toma de rehenes y privación de la libertad e incluye otras conductas punibles como agresión sexual, homicidio, tortura y desaparición forzada. Los colombianos esperamos que los miembros del partido de los Comunes acepten su responsabilidad en estos hechos como altos mandos de la organización armada que se desarmó y se desmovilizó. Si así lo hacen, tendrán la pena alternativa entre 5 y 8 años de restricción efectiva de la libertad y las sanciones de carácter restaurativo para las víctimas. Si no aceptan su responsabilidad, la unidad de investigación y acusación de la JEP asumirá el caso y se podrán imponer penas hasta de 20 años de cárcel. Las víctimas vinculadas a este caso también podrán participar y refutar el informe si así lo consideran.
En fin, con el trabajo de los magistrados de la JEP el país entiende que valió la pena este esfuerzo por la paz y la reconciliación. Vendrán nuevas decisiones en este y los otros casos pendientes, que con seguridad contribuirán de la misma forma al fortalecimiento de la paz y del sistema de justicia transicional. Y las víctimas empezarán a recibir la verdad, justicia y reparación que esperaron durante 50 años de conflicto y que merecen por lo que padecieron. Ojalá el discurso político e ideologizado de los últimos años contra la paz y la reconciliación entre colombianos, ceda un poco ante la contundencia de los hechos.
