Es muy interesante la propuesta que le prepara el Consejo Gremial al gobierno para que venda sus acciones de Ecopetrol, no tanto por el contenido, aunque es de gran importancia, sino porque marca un novedoso cambio de actitud del sector privado con el gobierno. 

Parece que los gremios sienten que el nuevo gobierno es de ellos y para ellos y por eso tienen libertad de hacer propuestas audaces sin pretensiones de que lo hacen desinteresadamente. 

La venta de Ecopetrol es más compleja que las privatizaciones que se han llevado a cabo. 

Cuando se vendieron bancos públicos o nacionalizados a agentes privados, era mejor que los bancos tuvieran propietarios, y no que los controlaran unos funcionarios que comenzaban a actuar como dueños. 

La venta de ISAGEN generó recursos para financiar inversiones prioritarias y contribuyó a que las decisiones del sector eléctrico no permanecieran exclusivamente en la misma órbita de control de las demás hidroeléctricas antioqueñas. 

Los puertos privatizados eran un desastre y estaban en manos de sindicatos insaciables. 

Ecopetrol es mucho más grande, es un monopolio y es mucho más crítico para el gobierno esas otras privatizaciones. 

Portafolio informa que el valor estimado del patrimonio de esa empresa está en el rango de $130 a $160 billones. 

Es posible que ese avalúo preliminar subestime el valor real de la empresa porque no se sabe cómo se valoraron las reservas o cómo se proyectaron las inversiones y los descubrimientos futuros de reservas. 

Pero en todo caso, el valor de Ecopetrol es superior o del orden del 15 por ciento del PIB. 

¿Estaría bien que un solo gobierno tomara decisiones sobre recursos de esa magnitud que equivalen a 30 reformas tributarias? 

Sería más equilibrado que esa capacidad de financiar inversiones se distribuyera por lo menos entre cinco administraciones sucesivas distintas, aunque el precio por acción de un paquete minoritario es inferior al que se obtendría si se vende el control. 

Por otra parte, quien lo adquiera compra poder económico, poder monopólico y poder decisorio sobre un sector crítico y estratégico de la economía. 

Todo esto parece indicar que no se debe vender más del 20 por ciento de las acciones. 

¿Cuáles serían los proyectos que se financiarían con esa venta? Esta inquietud que se debe resolver, demostrando que tienen sentido económico, pero también en términos políticos. El sector sindical ya ha anunciado que se opondrá, otros que están a favor se resistirán a que financie el programa de desarrollo rural, o los programas de atención a la primera infancia que probablemente son económicamente más rentables que las alternativas que contempla el consejo gremial que generan mayor rentabilidad financiera privada. Adicionalmente se tiene que estudiar cómo va a reemplazar el gobierno el flujo de caja al que renuncia con la venta y el riesgo que asume. Sale de un activo que ha aprendido a manejar con dificultades para poner esos recursos en manos de administradores o ingenieros como los que han estado a cargo de los recientes maxi descalabros en construcción de infraestructura. No va a ser una decisión fácil. 

#Rechacen los asesinatos de líderes sociales, no los justifiquen.