Colombia se encuentra hoy ante una bifurcación que no admite matices decorativos ni purismos. No es simplemente una elección de nombres o colores; es una decisión trascendental sobre quién llevará, de ahora en adelante, el volante de nuestras vidas.

Por un lado, aparece la opción de consolidar el avance hacia el estatismo, una ruta pavimentada con promesas de redención, pero cuyo destino final es la dependencia del ciudadano hacia los políticos y sus estructuras. Por el otro —con sus imperfecciones— surge el camino de la libertad: aquel que reconoce el papel del Estado para brindar garantías básicas, pero que asume que nadie sabe mejor que usted qué hacer con su vida y la de su familia

El gobierno actual ha trazado una hoja de ruta inequívoca: busca que el Estado —es decir, los políticos— concentre más dinero y más poder. Bajo la retórica de la justicia social, se pretende centralizar los recursos en manos de quienes desprecian los contrapesos. Las cifras son irrebatibles: pasamos de un Presupuesto General de $350,4 billones en 2022 a un monto astronómico de $546,9 billones para este 2026.

Esta visión no tolera la crítica ni la separación de poderes. Hoy, existe una candidatura que promete profundizar este modelo, pretendiendo que la billetera pública —alimentada por impuestos y deuda— sea el único motor de una sociedad que ya se siente asfixiada.

Debemos ser claros: ese dinero no cae del cielo; sale del bolsillo de cada colombiano. Si dividimos el presupuesto de 2026 entre los más de 18 millones de hogares del país, cada familia estaría aportando, en promedio, cerca de $30 millones de pesos al año para sostener el aparato estatal. Son los hogares colombianos quienes terminan pagando la cuenta de una burocracia que se expande mientras el ingreso familiar alcanza para menos. En contraste, el resto de los candidatos que tienen opciones reconocen en mayor o menor medida que la libertad económica es el verdadero motor de bienestar, sin pretender erigirse como emperadores dueños del destino ajeno.

Esta lucha no es nueva; es la misma que advertía Frédéric Bastiat al denunciar la "falsa filantropía" del Estado que utiliza la ley para legitimar el saqueo. Otorgar más poder a la clase política solo ensancha el margen para la corrupción, pues reemplaza la disciplina y vigilancia del mercado por la opacidad y la impunidad del funcionario.

El cierre de esta campaña debe ser un llamado a la lucidez. Elegir el estatismo es entregar las llaves de nuestra casa a una burocracia insaciable que, históricamente, ha demostrado ser más eficiente para generar escasez y emigración que para producir progreso. No podemos permitir que el colectivismo opaque la relevancia de las instituciones y el esfuerzo individual.

Es imperativo votar por la libertad, defendiendo un sistema donde el político sea un servidor limitado por la ley y no un monarca con chequera abierta. Al final, la prosperidad nace de ciudadanos libres, nunca de súbditos agradecidos.

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