No es extraño que -inclusive en países de tradición democrática- quien tiene poder, adopte decisiones que contrarían sus más elementales principios.

Sirvan como ejemplo las más recientes decisiones del presidente Trump, de los Estados Unidos, quien, con un sentido autoritario, pretende imponer sus personales criterios, por encima del Derecho y la libertad, no solamente en el ámbito del país que gobierna sino respecto de otros y de las instituciones internacionales

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que su gobierno resolvió “imponer sanciones” a Francesca Albanese, relatora italiana de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, quien ha venido denunciando el genocidio que tiene lugar en Gaza.

"Albanese -dice en su comunicado- ha colaborado directamente con la Corte Penal Internacional en iniciativas para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de ambos países".

"Ni Estados Unidos ni Israel -agrega- son parte del Estatuto de Roma”. Es decir, estima que, por ello, no están obligados a observar las reglas del Derecho Internacional Humanitario, a respetar los Derechos Humanos y las reglas internacionales, de modo que pueden cometer impunemente crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Absurda decisión. Complicidad con el genocidio. Desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario (D.I.H.) y del papel de la ONU.

Para Albanese, las acciones de Israel configuran “uno de los genocidios más crueles de la historia contemporánea”, motivo por el cual ha reclamado a los gobiernos de Italia, Francia y Grecia -signatarios del Estatuto de Roma- rendir cuentas por permitir el paso de Benjamín Netanyahu por su espacio aéreo durante un viaje a Washington, aunque la Corte Penal Internacional, desde el 21 de noviembre de 2024, emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí por crímenes de guerra y contra la humanidad. Tal omisión, a juicio de Albanese, vulnera el Estatuto de Roma y debilita el orden jurídico internacional.

Otro anuncio de Trump: a partir de agosto impondrá aranceles del 50 por ciento a las importaciones de productos brasileños, justificando tan arbitraria medida en el hecho de que la justicia del Brasil adelanta un proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro, por un intento de golpe de Estado. En su concepto, Brasil “está haciendo algo terrible en lo que respecta al trato al expresidente Jair Bolsonaro. He visto, al igual que el mundo, cómo no han hecho otra cosa más que perseguirlo, día tras día, noche tras noche, mes tras mes, año tras año. "¡Dejen en paz a Bolsonaro!”

La respuesta del presidente brasileño, Lula da Silva, no se hizo esperar y fue contundente: "Brasil es un país soberano, con instituciones independientes, que no acepta ser tutelado por nadie.”

Con toda razón, Lula exige respeto y afirma que Brasil no puede admitir la injerencia de un país extranjero en el ejercicio de su soberanía. “Es muy grave -añade- la intromisión del presidente de otro país en el sistema de justicia brasileño”.
Esa firme posición de Brasil merece apoyo de nuestros países. No se olvide que el proceso contra Bolsonaro está en manos de los jueces, autónomos e independientes.

Esperemos que nunca se les ocurra interferir en la administración de la justicia colombiana.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .