Cuando la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos le concedió la presidencia a George W. Bush por decisión de una mayoría de los jueces que habían sido designados por gobiernos republicanos (5 contra 4), a pesar de que Al Gore obtuvo la mayoría de votos en todo el país y de que nunca quedó claro quién había ganado en la Florida, Gore hizo la siguiente afirmación en su discurso de acatamiento: “La Corte Suprema se ha pronunciado. 

Que no quede duda de que a pesar de que estoy en profundo desacuerdo con la decisión de la Corte, yo la acepto……Y esta noche por el bien de nuestra unidad del pueblo y la fuerza de nuestra democracia ofrezco mi concesión”. 

Cuando la Corte Constitucional de Colombia impidió que Álvaro Uribe se postulara como candidato para un tercer período presidencial, él acató esta decisión y dijo que se debe “respetar la Constitución y la ley”. 

Hubiera podido cuestionar y aún desafiar la decisión. 

Pero resolvió emitir un claro mensaje a favor de la institucionalidad y de la Corte, que no se le ha reconocido quizás porque dejó así pero sin dejar de combatir. 

Hacer memoria de estos ejemplos de respeto a las instituciones y de temor a provocar cismas infranqueables es oportuno porque en Colombia algunos funcionarios y los que se atribuyen arbitrariamente la vocería de las mayorías católicas quieren obligar al Estado a no respetar la Constitución y la ley, instigando por ejemplo a los médicos a no practicar abortos cuando las mujeres que solicitan ese servicio cumplen con los requisitos para exigirlo legalmente, o cuestionando la legalidad de las decisiones de la Corte Constitucional aduciendo públicamente que sus magistrados se cuentan con los dedos de las manos, mientras que millones de ciudadanos y ciudadanas se oponen al aborto o a los matrimonios entre personas de un mismo sexo y a las adopciones por estas parejas. 

Más adelante van a argumentar que las leyes no son legales porque los congresistas son solamente 268, o que los decretos presidenciales tampoco lo son porque Presidente solamente hay uno. 

Lo más insólito es que estas tonterías antidemocráticas las fomente el máximo representante del Ministerio Público que tiene la responsabilidad de salvaguardar el imperio del derecho y la eficacia del orden jurídico. 

Que los jerarcas del iglesia apoyen estas actitudes en contra de la institucionalidad democrática no debe sorprender porque se atreven a hacerlo en contra del propio Papa Francisco en el Vaticano cuando él pretende devolverle a la Iglesia capacidad de tolerar o de comprender a otros como lo ha hecho para volver a atraer a su rebaño a los homosexuales y a los que han optado por separarse de sus parejas. 

No acatar las decisiones de la Corte Constitucional y tratar de imponer su criterio a la fuerza es contrario a los principios democráticos de nuestra sociedad y propicia actitudes y acciones extremas que en lugar de sanar a una sociedad lesionada abren nuevos caminos para la intolerancia y el contrario a lo que nos ha hecho reír, lo que es característico en Colombia es “no dejar así”, como lo comprueba una historia de violencia que en su fase republicana ya cumplió 205 años en julio de este año.