Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar, dice un refrán popular.
Pues bien, en Ecuador primero y en Chile después, se han sucedido hechos que se puede caracterizar, por un lado, como protestas multitudinarias por alzas en el servicio de transporte en Santiago o la gasolina en Ecuador, y por el otro, asonadas que se han acompañado de ataques a bienes privados y públicos y de acciones terroristas. En ambos casos, los cuerpos policiales fueron desbordados, los gobiernos debieron sacar las fuerzas militares a la calle, y echaron para atrás las decisiones que habrían dado lugar a las protestas.
Para quienes sostienen que las manifestaciones son una reacción a las políticas “neoliberales” de gobiernos de “derecha”, hay que recordar que, en Ecuador, Rafael Correa entregó el poder en el 2017, y Lenín Moreno, que no es de derecha sino del mismo partido de Correa, apenas lleva dos años en el cargo. Y en Chile, desde la transición a la democracia en 1990, la Concertación, coalición del centro a la izquierda, ha gobernado por 24 años, de ellos los últimos 14 en manos de los socialistas. La decisión de aumentar 30 pesos chilenos la tarifa del Metro la tomó un panel de expertos, no Piñera. La de la luz, Bachelet.
Por tanto, hay algo más que protestas por políticas gubernamentales. Por un lado, está claro que, tanto en Ecuador como en Chile, además de manifestantes legítimos y pacíficos, hay agitadores profesionales apoyados por el régimen chavista. En Ecuador fueron deportados medio centenar de venezolanos que tenían planos con identificación de los puntos institucionales y de infraestructura más críticos. Y se incendió la sede de la Contraloría, donde se adelantan las investigaciones de corrupción contra Correa, hoy fugado. En Chile, los incendios en 19 estaciones de metro se han producido con materiales altamente inflamables y acelerantes, es decir, fueron premeditados y no espontáneos. Sería estúpido desconocer que hay una estrategia chavista para la desestabilización de sus contradictores políticos en la región.
También está fuera de duda que en ambos países delincuentes comunes, maleantes puros y duros, han aprovechado para saquear comercios de todo tipo y que a los robos se han unido ciudadanos del común.
Pero sería un grave error reducir el fenómeno de las protestas a la influencia, estratégica u oportunista, de extremistas de izquierda o al aprovechamiento de las mismas por distintos tipos de malandros. Expresan también el descontento de un sector importante de la población que, aunque no mayoritario si es sustantivo, con el sistema democrático y sus resultados económicos y sociales.
El examen de esos resultados, en especial en el caso de Chile, bien vale una nueva columna. Pero es claro que hay que profundizar sobre las razones por las cuales protestan violentamente en un país que ha conseguido bajar la pobreza del 36% en el 2000 al 8,6% en el 2017, que tiene una tasa de desempleo del 7,2%, y una esperanza de vida de 80,6 años.
Mientras tanto, unas conclusiones rápidas: a) Lo ocurrido en Chile espantará la inversión extranjera y frenará su economía. ¿Seremos capaces de atraer parte de esa inversión o el impacto negativo incluirá a toda la región y también a nosotros? b) La penetración chavista en Colombia es mucho mayor que en Ecuador y Chile. ¿Estamos en capacidad de responder aunque los aparatos de inteligencia y contrainteligencia de la fuerza pública fueron prácticamente desmantelados durante Santos? c) En nuestro país operan factores adicionales que hacen más complejo el panorama: narcos y grupos armados organizados muy bien financiados. ¿Cómo puede enfrentarse eficazmente esa múltiple amenaza? d) ¿El Gobierno ya tiene preparados los decretos de estado de excepción, en caso de que fueran necesarios, ha hecho un inventario de puntos críticos y ha elaborado un plan de respuesta? e) ¿Se ha aumentado la capacidad de la Policía Nacional y el ESMAD y están las fuerzas militares capacitadas y cuentan con medios no letales en caso de que la Policía sea desbordada?
