El jueves 21 de abril, tuve la oportunidad de observar en el canal internacional de noticias NTN24, de RCN, un informe, en vivo y en directo, de lo que estaba ocurriendo en Caracas, en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), contra 7 legisladores de la Asamblea Nacional de Venezuela, y 13 periodistas que los acompañaban a recibir unas planillas para poder recaudar 200.000 firmas, necesarias para poner en marcha la activación de un revocatorio, contra el actual Presidente de ese país, Nicolás Maduro.
Una vez en el interior del recinto, convencidos de que la Presidenta de ese organismo, Tibisay Lucena, los recibiría en su despacho, para protocolizar la entrega y firmar las actas respectivas, como había sido acordado previamente, se encontraron con que dicha dignataria no solo se negó a recibirlos, sino que, con anterioridad, había dado orden a la guardia nacional, que se hallaba apertrechada en la sala principal, para que los retirara.
Como se negaron a obedecer la orden, y decidieran, los diputados, atarse las manos con cadenas y candados, a la escalera que conduce a la puerta principal, fueron víctimas de la brutal arremetida de los uniformados, quienes la emprendieron contra ellos, garrote en mano, sin la menor consideración de la Presidenta, que no hizo nada para evitarlo.
Ni siquiera la conmovió que la guardia nacional, en su afán por despojar de sus equipos de filmación a las periodistas, golpeara, de la peor manera, a las 13 mujeres que conformaban el grupo, pretendiendo borrar cualquier evidencia fílmica, sobre el criminal atentado contra el poder legislativo y contra el sagrado derecho que tienen los medios de comunicación, de informar libremente al mundo, sobre la forma y manera como se violan los derechos humanos, en el actual Gobierno Bolivariano.
Lo que jamás imaginaron los agresores, fue que alguien, cercano a los legisladores, filmo discretamente, con un celular, todo lo acontecido, incluidos los desgarradores gritos de las periodistas cuando fueron golpeadas y arrastradas de los cabellos en aquel dantesco episodio, que hoy sigue conmocionando al mundo democrático Lanzadas a empellones a la calle, lograron introducirse todas en una camioneta de prensa que, dos horas antes, las había llevado al acto, para que cubrieran el esperado feliz encuentro entre las partes. Las piedras lanzadas contra los vidrios del automotor, lograron el milagro de no herir a ninguna, no obstante que los destrozos fueron mayúsculos, al punto de que por evadir la envestida de las turbas oficialistas, estuvieron a punto de volcarse.
¿Cuál fue la falta en que incurrieron los parlamentarios de la oposición?. Haber ido al Consejo Nacional Electoral, a reclamar algo que está previsto en la Constitución Nacional: la entrega de las planillas oficiales que se requieren para activar el proceso revocatorio, contra el actual mandato del gobernante socialista, Nicolás Maduro.
Tibisay Lucena y el coronel que comandaba la guardia nacional, debieron actuar a petición expresa de Nicolás Maduro. Una conducta criminal como la que acometieron, no pudo estar en la iniciativa de ninguno de ellos. El crimen es de tal magnitud que, solo un poder superior, como el del Primer Magistrado de la Nación, pudo estar en capacidad de dar la orden. De esa clase de crimen, que la jurisprudencia y la doctrina internacional, consideran cometido con dolo eventual, el mandatario responde ante la Corte Penal Internacional.
Dado el escándalo mundial que produjo la noticia de NTN24, y ante las amenazas de la Asamblea Nacional, de tomarse la cuidad de Caracas, con una manifestación opositora jamás vista antes, las directivas del Consejo Nacional Electoral, resolvieron, a través de una comisión, entregar los formularios, para la activación del referendo, contra el Presidente Maduro.
Enterado de lo anterior, el Tribunal Supremo de Justicia, de oficio, resolvió cerrar esa posibilidad, a través de una enmienda constitucional, eliminando el carácter retroactivo que permite la carta magna, para la revocatoria del mandato. Como esa decisión constituye un claro prevaricato, la Asamblea Nacional Legislativa, decidió denunciar a los magistrados.
No hay que olvidar que estos fueron elegidos 10 días después del triunfo arrollador de la nueva Asamblea Legislativa, que derroto, por 112 contra 48, las pretensiones reeleccionistas del Gobierno. El haber sido posesionados 5 días antes de la posesión de la nueva Asamblea, fue un acto ilegal del oficialismo, pues con ello se desconoció la voluntad popular de los venezolanos, que votaron por un cambio y lo lograron abrumadoramente. Mal podían los derrotados diputados salientes, tomarse atribuciones que solo correspondían a la nueva Asamblea Nacional.
Con esa actitud, Maduro está llevando al pueblo a una explosión indetenible, que cuando estalle, por haberle cerrado las puertas a toda posibilidad de un acuerdo con la oposición, él y solamente él, terminara siendo el principal responsable de la hecatombe.
