No solamente en Colombia existe confusión respecto a la posición de los del NO. El New York Times piensa que lo que quieren es bloquear la paz y le hacen un llamado al expresidente Uribe para que no vaya a ser aguafiestas. Pero en el Washington Post escriben que las propuestas que se habían conocido hasta el jueves pasado de parte de Uribe y sus seguidores podrían implicar cambios relativamente modestos en el acuerdo de paz. (Nick Miroff, “Proposals take a scalpel, not a hammer, to Colombia deal”, Washington Post, octubre 14 de 2016).
El autor de este último artículo cree que renunciar a un sistema de justicia especial para los actores del conflicto, condenas de 5 a 8 años para quienes hayan sido culpables de crímenes de lesa humanidad e impedir que ellos sean elegidos al congreso son cambios que las Farc van a aceptar fácilmente. Eso no va a suceder porque esas propuestas son las que posiblemente tenía en mente la canciller cuando le advirtió a la oposición que debería proponer lo que es viable, no lo imposible.
Otro punto contencioso es que los “compromisos con las Farc deben cumplirse dentro de las posibilidades fiscales y financieras del país”. Esto es razonable a primera vista y debería ser aceptable, pero deja de serlo cuando aclaran que no puede afectarse la regla fiscal. Insistir en esta limitación es una invitación a incumplir. Hay una deuda con el campo y con las regiones que han estado tradicionalmente descuidadas. En las ciudades, como lo demostró el plebiscito, hay un enorme descontento en los barrios populares. Para pagar esa deuda y responder adecuadamente a esas necesidades y exigencias sociales el gobierno en todos sus niveles va a tener que invertir entre 4 y seis puntos del PIB adicionales en los próximos seis a ocho años.
Como esto no lo va a lograr sin aumentar el endeudamiento y afectar la regla fiscal, es necesario que el Gobierno y el Banco de la República se pongan de acuerdo en las políticas macroeconómicas para que no vaya a suceder lo que sucedió cuando Alemania se reunificó. El enorme gasto que requirió esa reunificación fue una decisión política indiscutible, pero el banco central insistió en no alterar su política y durante varios años trató de neutralizar los efectos del mayor gasto del Gobierno. El resultado fue estancamiento y desempleo, un costo adicional innecesario de la reunificación.
Las preocupaciones del Centro Democrático con la confianza inversionista, la competitividad y el gasto en educación deberían contemplar el efecto nocivo de un fracaso del acuerdo sobre estas variables. Ellas no tienen por qué sufrir porque se va a atender a un segmento de nuestra población que ha estado condenada al olvido desde que se fundó la Nación. Si se reduce el desperdicio en el gasto y el clientelismo, se combate la corrupción, y se reforman correctamente los impuestos nacionales y municipales, se podrá financiar el gasto de la paz como se ha financiado la guerra, acomodando la regla fiscal ex post para poder cumplir nuestro destino.
No alcanzo a opinar sobre otros dos puntos cruciales de la propuesta de la oposición, el de la tierra y el de la extinción del narcotráfico, cuya discusión podría contribuir a mejorar significativamente los acuerdos.
