José Luis Barceló, presidente de la Corte Suprema, entregó hace tres semanas a los medios de comunicación documentos que, según él, probarían que la interceptación telefónica que le hiciera al expresidente Uribe fue un error. Lo hizo porque el representante chocoano Nilson Córdoba, a quien se señalara de haber entregado como suyo el número de Uribe, desmintió tal hecho y dijo que “nunca he entregado el teléfono del doctor Álvaro Uribe a la Corte […] a mí la Corte me escucha en versión libre en el mes de mayo […] sin embargo, ellos mismos dicen que ‘chuzaron’ al senador en abril”. Efectivamente, Córdoba no dio en esa versión libre el número de Uribe como si fuese suyo y las interceptaciones conocidas al expresidente fueron posteriores.
Los documentos que presentó Barceló se remontan al 11 de febrero de 2016, cuando el magistrado Gustavo Malo notifica a Córdoba fecha para rendir versión libre. Esa versión se aplazó varias veces, por dos años. No es irrelevante recordar que Malo ha sido acusado formalmente de cinco delitos por estar involucrado en el cartel de la Toga. En esos documentos aparece el número de Uribe como uno de Córdoba, pero no prueban que el parlamentario haya sido quien lo dio como suyo. La duda se resolvería fácilmente si diera a conocer el documento en el que Córdoba indicó su información, teléfonos, dirección física y correo, para notificaciones. La negativa de la Corte a entregar ese documento solo puede significar que en el mismo no está el número de Uribe. Es decir, alguien en el despacho de Malo incluyó ese teléfono en esa investigación.
Ahora bien, en todo caso este viernes se ha comprobado que Barceló tenía la certeza de que el número que se investigaba era del expresidente Uribe y no del congresista de Chocó. En efecto, se ha sabido que Movistar informó el 17 de noviembre de 2017 que el expresidente era el propietario del teléfono por el cual preguntaba la Corte Suprema. Y que el 19 de febrero de 2018, la Policía Judicial que opera bajo las órdenes de la Corte notificó a Barceló, en oficio dirigido directamente a él, ratificó que efectivamente el número que aparecía como del representante Córdoba en realidad era de Uribe
Aun sabiéndolo, el 7 de marzo se inicia formalmente la interceptación del teléfono de Uribe en el marco de la investigación contra Córdoba. El 4 de abril se ordena que se cancele la interceptación, supuestamente porque en esa fecha la Corte se entera de que el teléfono interceptado no es de Córdoba, y esta se termina el 09 de abril. El 10 de septiembre la Corte, frente a una solicitud de los abogados de Uribe, les informa que efectivamente el teléfono de Uribe fue intervenido, pero que, sin embargo, la interceptación fue “imprevista e inevitable” y que por su “relevancia” las grabaciones fueron trasladadas al proceso por supuesta manipulación de testigos abierto por Barceló contra el expresidente.
Días después, los magistrados Barceló y Luis Antonio Hernández dan una vergonzosa entrevista en Caracol Televisión en la que se “despachan” contra Uribe.
En realidad no era necesario el oficio de Movistar para saber que el número interceptado no era de un político chocoano sino de Uribe: su voz es una de las más conocidas en Colombia, los acentos no pueden ser más distintos, él siempre se presenta como “Álvaro Uribe” cuando llama y sus interlocutores lo llaman “presidente”.
Pero la nueva información demuestra varios hechos: uno, que la interceptación al ex Presidente se hizo sabiendo que el número era suyo y no de Córdoba; dos, que el magistrado Barceló lo sabía, porque se lo habían informado directamente; tres, que sabiéndolo, las interceptaciones duraron como mínimo un mes: cuatro, que Barceló ocultó información a los abogados de Uribe, que desde su despachó se manipularon los medios de comunicación, primero filtrando contenido seleccionado del expediente contra el expresidente y después tratando de señalar a Córdoba como responsable del “error” sobre el celular, y que ha mentido sistemáticamente sobre el tema; cinco, que Barceló y Hernández tienen una animadversión personal contra Uribe; seis, que las grabaciones al expresidente son ilegales y nulas: una chuzada vulgar y escandalosa.
