El Senador Víctor Renán Barco decía que gran parte de los escritos económicos en Colombia solo repetían las conclusiones de la Misión Kemmerer. Al cumplir estas un centenario, el diseño institucional económico afrontó crisis políticas y de orden público que pocas democracias hubiesen sobrevivido. Este sentó las bases para el Banco de la República, la futura Superintendencia Financiera y la Contraloría. También ajustó el orden institucional para que el presupuesto estuviera en manos del ejecutivo, no del Congreso. Eso sí, una queja permanente en la opinión pública es la asignación del presupuesto y su transparencia. Estamos ya tarde en modernizar el estatuto de presupuesto.
El Congreso, al recibir el presupuesto, no solo tiene un límite de días para aprobarlo, sino que todas las modificaciones requieren el visto bueno de Minhacienda. Si no lo aprueba en estos plazos queda aprobado el presupuesto originalmente radicado por Min Hacienda. Si una ley, no tiene sustento presupuestal con aval de Min Hacienda, el Congreso no le puede dar trámite. Inclusive las sentencias judiciales deben respetar el derecho de sostenibilidad financiera. El sistema premia la estabilidad macroeconómica.
La esencia democrática es el control que ejercen representantes ciudadanos sobre ingresos y gastos gubernamentales. Muchos colombianos no son conscientes que viven bajo una “dictadura fiscal.” Este esquema que premia lo técnico sobre lo político, permitió hacer ajustes necesarios, pero políticamente costosos, varias veces salvó la patria. Lo que se debe replantear es la opacidad presupuestal en la que opera el estado.
Para empezar, las unidades de apoyo legislativo del Congreso no tienen la posibilidad de competir en una conversación técnica con los equipos de Hacienda y Planeación. Esta es una oportunidad que la Contraloría, en contadas ocasiones, ha desaprovechado para ser un árbitro imparcial en los datos. La ley 1985 de 2019 creó la a Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal para el Congreso con este objetivo, sin embargo, esta todavía no despega.
Mucho más se puede hacer para transparentar las líneas programáticas del presupuesto para que el título de cada partida sea más claro frente al uso de los recursos. Se debería categorizar las eventualidades presupuestales como pago de intereses o fallos judiciales, muchas veces son colchones donde se esconde recursos para después trasladar. Un presupuesto consistente con la regla fiscal debería indicar lo que se recorta o se expande en función del comportamiento económico, esta decisión no debe depender del capricho de funcionarios de Min Hacienda.
La evolución natural de la técnica presupuestal de la Misión Kemmerer es un presupuesto informado por resultados. Los ingleses dicen que el amor político se demuestra con presupuesto porque así se marcan prioridades. El presupuesto más que unas páginas amarillas, debe concatenar con la visión de gobierno del plan de desarrollo. Este en lo posible debe incluir los productos que se reciben a cambio de ese presupuesto, por ejemplo, cuantos km de vías hace Min Transporte, o metas como la disminución de tasa de homicidios para Min Defensa. Así se podría por lo menos iniciar la conversación de control político que para ser tan importante es tristemente limitada.
