La pelea para rescatar el espacio público se perdió, no solo por el número de carretas que recorren la ciudad sino por la contaminación auditiva que generan por medio de altavoces activados con una batería de carro. 

Es realmente incómodo conducir en una ciudad invadida por carreteros, que sin importar el flechado o las señales que indican la dirección del flujo vehicular, se toman un carril en contravía generando múltiples accidentes que así no sean graves, desequilibran el presupuesto de los conductores que no tienen opción diferente a quedarse con los daños generados en el vehículo. 

Sumado a lo anterior, los propietarios de estas ventas ambulantes compiten con otros vendedores, activando los parlantes y es así como a más de doscientos metros, nos enteramos que se aproxima la carreta de los limones, las mandarinas, los aguacates, los mangos, etc.  

Todos entendemos que la población flotante de la ciudad ha aumentado por las razones conocidas, pero eso no puede ser la justificación del incremento en varios cientos de carretas, que con o sin permisos, se tomaron la ciudad y la tendencia es en aumento. 

Es muy probable que la gran mayoría de las personas que buscan esa manera de ganarse unos pesos, sean honradas; pero también hay un grupo de desadaptados que ocultándose de vendedores ambulantes, observan en detalle los movimientos de las personas, las casas, los vehículos, en fin, lo que trato de decir es que se puede tratar de experimentados delincuentes.

Lo anterior no es difícil de deducir, toda vez que la utilidad de las ventas de cualquier producto en una carreta, difícilmente puede cubrir las necesidades de una persona y menos aún, dos o tres que son las acompañantes o socios del supuesto vendedor. 

Es cierto que la Secretaría de Gobierno ha hecho grandes esfuerzos para mitigar el problema, pero no menos cierto es que el rescate del espacio público no es opcional sino  obligatorio, situación que debe revisar el responsable en compañía de la Policía Nacional. 

En conclusión, el tema de los carreteros debe tener una valoración que supere la invasión del espacio público, dado su incremento y riesgo para la ciudadanía. De igual manera, se deben adelantar las acciones policivas pertinentes dentro de los criterios de respeto por los derechos humanos. 

En cuanto a los equipos que utilizan para promocionar sus productos, deben ser objeto de decomiso y posterior destrucción, levantando un acta e imágenes que soporten la acción, no sea que apliquen la puerta giratoria y regresen nuevamente a las carretas, con dueño diferente.