La situación de abandono de Buenaventura se remonta varios siglos atrás, alrededor de la fecha de la fundación de Cali que fue poco antes de que apareciera la primera actividad portuaria de conquistadores en la zona.
El vínculo con Cali existe desde entonces pero nunca ha sido de iguales sino que ha sido como una relación colonial, en la que a Buenaventura le ha tocado la parte estrecha del embudo.
El aumento del poder político local no cambió esto sino que lo hizo peor porque la clase política que surgió y asumió el gobierno de la ciudad en épocas recientes ha sido depredadora como lo ha sido en menor escala en todo el Valle del Cauca.
Entienden el poder político como un botín y su función es consumirlo, sin importar que con ello se limita o se elimina completamente la viabilidad del gobierno y su capacidad para proveer servicios.
Como se dice de México, Buenaventura no solamente está lejos de Bogotá sino demasiado cerca de Cali.
Además de los problemas históricos aludidos que se pueden resumir diciendo que Buenaventura nunca ha sido integralmente parte de Colombia ni del Valle del Cauca, pero que sí ha estado sometida a ellos en una relación extractiva, la ciudad ha soportado adicionalmente el azote de haber sido muy mal gobernada.
No ha sufrido por fortuna la suerte de poblaciones como Mocoa, o Armero, pero si ha acumulado en varios siglos de abandono y años de mala administración suficiente desatención para ameritar una decidida acción de emergencia del gobierno local y de los del departamento y la nación para ponerse al día en la enorme deuda que tienen pendiente con la población de la ciudad.
Es apenas lógico que sus habitantes se hayan hastiado de tolerar que no tienen ni siquiera acceso a lo más básico. Mientras que Cali o Bogotá disfrutan de coberturas de los servicios públicos del orden de 90 por ciento en promedio, en Buenaventura solamente llega agua corriente a las casas unos días y unas pocas horas.
Y para añadirle injuria al desdén, les echan al ESMAD encima cuando salen a marchar para quejarse con toda razón y pleno derecho de esa desproporción.
Hay problemas institucionales que datan de la Constitución del 91 y que nunca han sido subsanados en las relaciones entre el gobierno central y los gobiernos locales.
Se trata de que el gobierno nacional no tiene mecanismos expeditos para destituir alcaldes o gobernadores malos o incompetentes y tampoco para sustituirlos y asumir sus funciones mientras tanto. En Bogotá se contó con la fortuna de que Clara Eugenia López estaba disponible para reemplazar a Moreno.
Pero al mismo tiempo que el gobierno nacional es relativamente impotente para resolver problemas que les corresponden a los gobiernos locales y para sustituirlos cuando se requiere, no puede quitarse de encima la responsabilidad que tiene como recurso de última instancia al que le corresponde reaccionar y solucionar las crisis cuando se presentan. Esa solución no se pone en duda cuando hay centenares o miles de muertos a causa de un acto de la naturaleza, pero se vuelve un problema cuando los muertos y la crisis son resultados de siglos de negligente desatención del estado a determinadas poblaciones en territorios específicos, en este caso Buenaventura y toda la costa Pacífica.(Colprensa).
