La Procuraduría General de la Nación ordenó este jueves al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA) entregar informes detallados sobre los recursos pendientes para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) correspondientes a la vigencia 2024, con el objetivo de evitar retrasos en la ejecución del programa que podrían comprometer la permanencia escolar de miles de estudiantes.
En una comunicación dirigida al ministro de Hacienda, Diego Alejandro Guevara Castañeda, la Procuraduría requirió aclaraciones sobre el estado de los $1.977.657.739.000 asignados en el Presupuesto General de la Nación para la cofinanciación del PAE durante el 2024.
Lea aquí: ¿Quién era 'La Diabla'? mujer asesinada en Medellín, vinculada con la masacre del pastor Lora y su familia
¿Cuánto está pendiente?
Según datos de la UApA, aún estarían pendientes $230.712.733.016 por girar a 64 Entidades Territoriales Certificadas (ETC), cifra que representa el 12% del presupuesto asignado.
El Ministerio deberá detallar si estos recursos ya han sido autorizados para su asignación total o, en caso contrario, establecer una fecha proyectada para su desembolso.
La Procuraduría manifestó su preocupación debido a que la falta de estos recursos podría afectar la prestación oportuna del servicio de alimentación escolar, comprometiendo la continuidad y acceso a la educación.
El ente de control también solicitó al director de la UApA, Sebastián Rivera Ariza, un informe completo sobre la operación del PAE en la vigencia actual.
El reporte deberá incluir posibles alertas o novedades, como retrasos en el inicio del servicio, ajustes en calendarios escolares o coberturas parciales que puedan poner en riesgo el cumplimiento del programa en las 97 ETC bajo su supervisión.
Asimismo, la Procuraduría instó a Rivera Ariza a continuar remitiendo actualizaciones periódicas, destacando que estos informes son fundamentales para garantizar la transparencia y el adecuado seguimiento al desarrollo del programa.
Con esta actuación preventiva, la Procuraduría busca no solo garantizar la correcta ejecución de los recursos asignados en 2024, sino también asegurar un inicio oportuno y eficiente del PAE en 2025.
El organismo de control alertó que cualquier retraso en los giros o en la operación podría repercutir negativamente en la población estudiantil más vulnerable, afectando tanto su acceso como su permanencia en el sistema educativo.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
