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Colombia
Supervigilancia ordena suspensión de 31 licencias bajo sospecha de ilegalidad
Según las investigaciones, hay un patrón en el que organizaciones ilegales estarían utilizando empresas formalmente constituidas para facilitar actividades delictivas.
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Colprensa
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Martes, 14 de Abril de 2026

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ordenó la suspensión de 31 licencias de funcionamiento a empresas del sector en distintas regiones del país, tras detectar una presunta infiltración de estructuras criminales en estas compañías.

La decisión fue anunciada por el superintendente Larry Álvarez Morales a través de un comunicado, en el que señaló que, según las investigaciones, hay un patrón en el que organizaciones ilegales estarían utilizando empresas formalmente constituidas para facilitar actividades delictivas.

Según la entidad, las medidas ya adoptadas incluyen acciones contra compañías con sede en ciudades como Bogotá, Barranquilla y otras regiones del país.

Entre las empresas mencionadas están Atenas Seguridad Privada Ltda. y Maximus Seguridad Privada Ltda., a las que se les canceló la licencia en fallo de primera instancia.

Además, la Superintendencia informó que al menos otras ocho empresas podrían ser sancionadas en las próximas semanas como resultado de investigaciones en curso.


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De acuerdo con la información oficial, se han detectado prácticas como el uso de licencias legales para operar, mientras se ponen a disposición de estructuras criminales recursos como personal, armas y logística.

Las autoridades también han identificado irregularidades relacionadas con el manejo de armamento autorizado y posibles vínculos con delitos como el lavado de activos.

El superintendente Álvarez indicó que las actuaciones se han adelantado respetando el debido proceso, pero advirtió que las empresas que incumplan la ley serán sancionadas. En ese sentido, reiteró que el objetivo es evitar que este sector sea utilizado como vehículo para actividades ilegales.

La entidad destacó que el sector de la vigilancia privada tiene un papel relevante en el país, al generar empleo para más de 360.000 personas, por lo que insistió en la necesidad de garantizar que su operación se mantenga dentro de la legalidad.


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