La Corte Constitucional alertó sobre una profunda crisis en el sistema de salud de Colombia al constatar un aumento progresivo en las acciones de tutela, un incremento superior al 150 % en la negación de servicios y persistentes sobrecostos en medicamentos, declarando un bajo nivel de cumplimiento por parte del Ministerio de Salud en sus responsabilidades de seguimiento y control.
A través de tres autos emitidos este viernes, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, en la que se identificaron diversas fallas estructurales dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) que causaban graves problemas en el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, evaluó diferentes componentes del sistema y encontró fallas estructurales en la gestión de la cartera de salud, evidenciando una tendencia al alza en la judicialización para acceder a los servicios y barreras administrativas que persisten.
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Aumento de tutelas y fallas en medición
La Corte constató un aumento progresivo y sostenido en el número de acciones de tutela interpuestas para reclamar el derecho a la salud, pasando de 87.621 en 2021 a 141.234 en 2022, 191.190 en 2023 y 219.249 en 2024. Esta tendencia al alza también se reflejó en el primer trimestre de 2025, cuando se radicaron 73.393 tutelas, un 25,3 % más que en el mismo periodo del año anterior.
Según los informes, la tasa de tutelas por cada 1.000 afiliados pasó de 3,04 en 2022 a 4,75 en 2024, lo que demuestra una creciente dependencia del mecanismo judicial para acceder a los servicios de salud.
En el Auto 1280 de 2025, la Sala declaró un nivel de cumplimiento bajo en la orden de medir estas acciones, tras advertir que el Ministerio de Salud utilizó metodologías de medición diferentes para los años 2022, 2023 y 2024, lo que impidió comparar los informes. El tribunal calificó esta falta de uniformidad como un "retroceso en la calidad y continuidad de las mediciones".
Debido a estas inconsistencias, la Corte ordenó al Ministerio explicar las razones por las que adoptó diferentes metodologías y descartó la que venía implementando hasta 2021.
Se dispara la negación de servicios
En el Auto 1281 de 2025, la Sala Especial de Seguimiento declaró también un nivel de cumplimiento bajo en la orden de crear un registro de negación de servicios. La Corte evidenció un alarmante incremento en los servicios de salud denegados, que entre el tercer trimestre de 2023 y el cuarto trimestre de 2024 aumentó en un 150,64 % para servicios financiados por la Unidad de Pago por Capitación (PBS UPC) y en un 109,88 % para los no financiados por esta vía (PBS No UPC).
El tribunal señaló que el Ministerio de Salud no expidió una nueva normatividad para regular dicho registro, por lo que sigue vigente la Resolución 3539 de 2019, la cual no incluye los servicios que, a pesar de ser autorizados, no son suministrados de forma oportuna.
Además, la regulación actual tampoco contempla el mecanismo de alarmas que la Corte ordenó crear desde el Auto 411 de 2015 para activarse ante la negación de un servicio del plan de beneficios.
La Corte también llamó la atención sobre el uso excesivo de la causal "otras razones" para negar servicios, la cual superó ampliamente el umbral del 2 % establecido por el propio tribunal, llegando al 8 % en el tercer trimestre de 2024 y al 19 % en el cuarto trimestre de ese mismo año.
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Entre las órdenes emitidas, se reiteró al Ministerio la necesidad de expedir un nuevo acto administrativo que regule el registro de negaciones, asegure la calidad de los informes, reduzca el uso de causales ambiguas y adopte medidas para desincentivar la negación de servicios.
Sobrecostos, deudas y una nueva política pendiente
En una tercera decisión, el Auto 1283 de 2025, la Corte declaró un nivel de cumplimiento medio en el componente de sobrecostos de medicamentos. La Sala reconoció como un avance que el Ministerio y la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos reemplazaran la metodología de control de precios de 2013 con la expedición de las circulares 18 y 19 de 2024. Sin embargo, advirtió que por su reciente implementación, aún no se acreditan resultados que permitan superar la problemática.
La providencia recogió las advertencias de otros organismos de control. La Procuraduría General de la Nación, por ejemplo, detectó sobrecostos de hasta el 11.668 % en medicamentos no regulados y la Fiscalía General de la Nación informó sobre 89 investigaciones iniciadas por este tema, de las cuales solo dos terminaron en fallo con responsabilidad. Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud identificó un patrón estructural de sobrecostos.
A pesar de que las medidas de regulación permitieron una contención del gasto acumulada de 978.000 millones de pesos al 2024, la Corte impartió nuevas órdenes para atacar el problema de fondo.
El tribunal ordenó al Ministerio y a la Comisión garantizar la disponibilidad de medicamentos esenciales, revisar e impulsar la producción nacional, actualizar anualmente los precios máximos de venta, y depurar y pagar la cartera vencida que afecta la cadena de suministro, la cual asciende a 4,4 billones de pesos según reportes de 80 titulares de registro sanitario. Finalmente, reiteró la urgencia de expedir la nueva Política Nacional Farmacéutica, cuya implementación está proyectada para diciembre de 2025.
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