La Procuraduría ordenó este martes un monitoreo riguroso sobre los incrementos en las tarifas del gas en el país para garantizar que cualquier ajuste se haga de manera justa, transparente y conforme a la normativa vigente, sin generar impactos desproporcionados en los usuarios más vulnerables.
El Ministerio Público solicitó a las autoridades competentes adoptar acciones que protejan a los consumidores y eviten alzas desmesuradas.
En particular, instó al Ministerio de Minas y Energía a revisar las políticas que han derivado en el incremento de los precios y a presentar soluciones efectivas para mitigar su impacto.
Asimismo, pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios reforzar la supervisión y vigilancia de la legalidad de los aumentos tarifarios y exhortó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) a implementar medidas urgentes en materia regulatoria, teniendo en cuenta la actual coyuntura del abastecimiento de gas en el país.
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“Estas acciones deben estar orientadas a garantizar que los precios sean justos y razonables para la demanda esencial”, señaló la Procuraduría en su pronunciamiento.
El ente de control también requirió a las empresas distribuidoras de gas natural proporcionar información clara, detallada y oportuna sobre los motivos de los incrementos tarifarios y su impacto en los consumidores.
Finalmente, la Procuraduría concluyó que continuará con la vigilancia preventiva y el control de gestión para asegurar la prestación eficiente y oportuna del servicio de gas domiciliario en el país.
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