El Consejo de Estado instaló este lunes la audiencia de pérdida de investidura que definirá el futuro político de la senadora Isabel Cristina Zuleta frente a las acusaciones por tráfico de influencias para lograr el traslado de varios jefes criminalesm desde la cárcel de Itagüí hacia un evento público con el presidente, Gustavo Petro, en Medellín.

Este polémico episodio, conocido como el escándalo del "tarimazo", habría ocurrido presuntamente por un abuso de poder de la congresista en su calidad de coordinadora de la mesa de diálogo de paz urbana, ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), hechos que actualmente también investigan la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría y la Fiscalía.

William Francisco Quintero Villarreal, uno de los accionantes, explicó que la congresista vulneró el numeral quinto del artículo 183 de la Constitución Política al utilizar su designación gubernamental para fines ajenos a la pacificación.

El abogado señaló que la legisladora acudió al tráfico de influencias cuando, “abusando de su calidad de congresista del partido de Gobierno y auspiciadora pública de la elección de Presidente”, convenció al director del Inpec de ordenar el traslado de los internos a un acto eminentemente político.

En esa misma línea, Quintero explicó que las resoluciones 138 del 29 de mayo de 2023 y 452 de 2024 avalaron el espacio de conversación sociojurídico, pero no la facultaban para tramitar salidas irregulares de las prisiones ni para ejercer injerencia sobre el sistema penitenciario, por lo que concluyó que hubo “un abuso de funciones como legisladora que conlleva el abuso del poder Legislativo al Ejecutivo”, recordando que solo un juez de la República es competente para dichas autorizaciones.

Por su parte, el también demandante Yoad Ernesto Pérez Becerra señaló que la actuación encaja directamente en la prohibición que impide a los legisladores gestionar asuntos ante entidades públicas, y explicó que la parlamentaria “debía saber que actuaba contra derecho y aun así no adoptó medidas para evitarlo” al materializar el movimiento de los presos mediante la resolución 0058 del 19 de junio de 2025 del Inpec para un evento que carecía de propósitos genuinos de negociación y cuya justificación no supera el test mínimo de juridicidad.

El hecho central de las demandas ocurrió el 21 de junio del año pasado, cuando el presidente Petro compartió tarima en la Plaza de La Alpujarra con José Leonardo Muñoz Martínez, alias "Douglas", Juan Carlos Mesa Vallejo, alias "Tom", y Freyner Alfonso Ramírez García, alias "Carlos Pesebre", reconocidos capos de las bandas criminales del Valle de Aburrá que buscaban un cupo en la política de ‘paz total’ que a la fecha no ha dado resultados.

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 Frente a las peticiones de "muerte política" por este evento, Carlos José Holguín Molina, procurador delegado ante el Consejo de Estado, señaló que se debe negar la solicitud de pérdida de investidura al advertir que no existen argumentos suficientes ni está acreditado un beneficio político para la parlamentaria.

El funcionario explicó que para que esta sanción proceda deben cumplirse requisitos estrictos como el influjo psíquico sobre el funcionario ante quien se realizó la gestión o la promesa de una dádiva a un tercero, condiciones que no se presentaron en este caso.

“Ninguno de estos requisitos se cumple”, señaló el agente de la Procuraduría, quien explicó que la resolución presidencial permitió ampliamente a Zuleta “para facultar todos los actos necesarios y tendientes para entablar conversaciones socio-jurídicas con organizaciones de crimen de alto impacto” y concluyó que los demandantes no indicaron con exactitud cuáles normas legales fueron transgredidas en la gestión realizada.

Ante los magistrados de la alta corte, la senadora del Pacto Histórico defendió su gestión, negó cualquier extralimitación de sus funciones y explicó que “no es cierto que la única manera que se pueda desplazar un privado de la libertad a otro sitio es que su juez lo autorice, porque si no nosotros no hubiéramos podido hacer tantas audiencias con privados de la libertad”.

La congresista señaló que no presionó de manera indebida, no llamó a nadie ni ofreció favores al Inpec, sino que tramitó una solicitud estrictamente escrita con base en la delegación presidencial, y explicó que el evento en Medellín tenía como única finalidad exponer públicamente los avances y las dificultades del proceso de paz urbana frente a la ciudadanía.

Finalmente, Zuleta concluyó que la controversia obedece a un profundo rechazo hacia la naturaleza de los diálogos y señaló que se siente perseguida desde ese momento porque el evento y la exposición de los reclusos “incomodó a un sector importante de nuestra sociedad y de nuestro país”, dejando la última palabra en manos del Consejo de Estado, tribunal que deberá ponderar las posturas para emitir un fallo definitivo.

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