Sigue la controversia al rededor de la entrada en operación del nuevo modelo de salud para los docentes públicos del país. Diferentes sectores advierten presuntas irregularidades en la entrega del presupuesto a operadores encargados de garantizar la prestación del servicio de salud a los maestros.
En las últimas horas se sumó la advertencia de la Procuraduría General de la Nación según la cual existen graves inconsistencias operativas y en contratación en el plan adoptado por el Gobierno Nacional.
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Para el Ministerio Público, la transición que pretende hacer el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio- FOMAG- es improvisada al no tener claridad en temas esenciales como la conformación de la Red Nacional de Prestadores de Servicios de Salud, de la que aún no hay nada concreto y “ni siquiera ha sido presentada ante el Consejo Directivo”.
De acuerdo con el órgano de control, la nueva red de servicios, que tendrá 32 coordinaciones regionales, forma parte del nuevo sistema que busca acabar con intermediarios y estar bajo la gerencia de Fiduprevisora, lo que ha generado gran controversia entre maestros agremiados en Fecode.
“Persisten serias dudas en la estructuración del nuevo sistema, ya que no hay precisión en torno a la cantidad de personal que demandará, tampoco del presupuesto destinado ni de quienes estarán a cargo de la supervisión a nivel regional y local que administren la base de datos y autorizaciones de cada uno de los servicios prestados”, dice la Procuraduría.
En cuanto al presupuesto, la Procuraduría cuestiona el aumento de costos que traerá la implementación del nuevo sistema que en comparación con el modelo anterior equivaldrá a un billón cien mil millones de pesos por cada año.
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“En la revisión de documentos se constató que no hay firma de contratos ni capacitación de personal que operará el nuevo sistema, como tampoco hay claridad ni diferenciación entre los servicios médicos y servicios administrativos por lo que se percibe un alto riesgo en la contratación de cada uno de estos”, detalla la alerta del organismo.
Le preocupa además al Ministerio Público que la Fiduprevisora quedará como operador de la gestión del servicio, lo que podría poner en riesgo las reclamaciones de los usuarios ya que esta, por su naturaleza jurídica, es una entidad financiera y la Supersalud no podría hacer vigilancia y control sobre ella.
“En los análisis realizados por la Procuraduría General de la Nación al nuevo Manual de Contratación se evidencian riesgos de gran magnitud en el instrumento jurídico dispuesto para la implementación del nuevo modelo en salud para los miembros del magisterio y sus beneficiarios”, añade.
Concluye el organismo que ante la zozobra que persiste, se instó a las directivas a aterrizar el proyecto y a ajustarlo o de lo contrario la atención en salud de los profesores quedará en el limbo.
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