“Es inadmisible que comisarías de familia trabajen en condiciones precarias”. Esta fue la conclusión de la procuradora general, Margarita Cabello, al presentar dos informes que revisan el estado actual de las comisarias de familia en el país, así como las rutas de atención, protección y acceso a la justicia para las víctimas y sus familias por razones de sexo y género en el país y sus familias.

Los informes presentados por el ministerio publico demuestran que las comisarías de familia presentan una situación crítica, caracterizada por los siguientes aspectos:

- Solo el 52 % cuentan con un equipo interdisciplinario completo y permanente, que en un 23 % se encuentra de manera ocasional y en el 25 % no existe un equipo completo que cumpla con el marco normativo.

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- Solo el 47 % cuentan con un sitio para la atención de víctimas en condiciones de privacidad con una infraestructura suficiente y accesible.

- En al menos el 18 % de las comisarías, hacen falta puestos de trabajo para los funcionarios.

- El 80 % de las comisarias presentan deficiencias en la infraestructura y en la prestación de servicios, lo que afecta la prestación del servicio de justicia familiar.

De los datos recolectados, lo que más preocupa es que las falencias siguen siendo muy similares a las encontradas en los años 2011 y 2018, lo cual para la Procuraduría es inaceptable.

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“Es inadmisible que, a la fecha, muchas comisarías del país continúen trabajando en condiciones precarias que limitan la prestación de servicio en condiciones de dignidad y que suponen riesgos para los funcionarios de los despachos", dijo la entidad.

Incumplimiento de entidades territoriales
 

En un segundo informe, la Procuraduría socializó el estado de avance del tránsito que debieron hacer las alcaldías y gobernaciones del país para luchar contra la violencia por razones de sexo y género.

Así como las deficiencias en las comisarías, las cifras sobre acciones de las entidades también son preocupantes:

- De los 32 departamentos requeridos, el 71.88 % han hecho tránsito al Comité Territorial del Mecanismo Articulador, el 6,25 % cuenta con un acto administrativo que sigue la línea técnica del Decreto 1710 de 2020, y el 21,87 % de las gobernaciones faltan por dar cumplimiento.

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- Ciudades como Bogotá y Barrancabermeja no dieron respuesta.

- Distritos como Buenaventura, Cali, Medellín y Santa Marta informaron no haber realizado el trámite.

- De las 24 ciudades capitales, solo 46 % ha realizado el tránsito al Mecanismo Articulador

- Arauca, Tunja, Manizales, Armenia y Pereira aún no cumplen con lo ordenado por el decreto.

La jefe del Ministerio Público señaló que, para garantizar una atención integral a las víctimas, es fundamental que exista en todos los niveles de la administración pública una articulación eficiente. Por ello hizo un llamado urgente a las entidades competentes para adoptar medidas al ser un deber del estado.

“Sin presupuestos asignados, es casi imposible cumplir con los deberes de prevención y atención, y por eso, dichos recursos deben ser una prioridad de las administraciones en todos los niveles”, afirmó Cabello.

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