El presidente, Gustavo Petro, denunció este martes que existe un plan para asesinarlo impulsado por una red internacional de narcotráfico que, según afirmó, busca mantener el control sobre instituciones colombianas. También anunció que convocará una consulta popular para que la ciudadanía decida sobre las reformas laboral y pensional, y arremetió contra lo que calificó como “neo esclavismo” aprobado en el Congreso.
Durante una alocución desde la Casa de Nariño, el presidente aseguró que ha sido blanco de múltiples intentos de asesinato. “En esta semana me mataron. La extrema derecha, con su instinto subliminal, puso en trinos lo que deseaba”, declaró, al referirse a mensajes publicados en redes sociales que lo daban por muerto.
Petro relató que su equipo ha investigado durante meses la presencia de armas de guerra, francotiradores y explosivos cerca de la Casa de Nariño. “¿Cómo pudo un soldado del año 2020 tener un arma rusa del año 1980 en sus manos porque se enamoró de una habitante de calle? Yo no puedo creer esa versión”, afirmó.
Indicó que el arma en cuestión era un lanzacohetes RPG-7 y que la zona donde apareció coincide con la ruta presidencial. Además, sostuvo que en 2022 ya había recibido información de un intento de asesinato con francotiradores extranjeros en Bogotá, según datos del entonces embajador de EE.UU.
“El último hecho es este. Y entonces, si nuestra investigación tiene acicate en la realidad, esto viene de Dubái, de la junta del narcotráfico”, aseguró. Según Petro, esta organización está compuesta por “albaneses, croatas, serbios, franceses, holandeses, latinoamericanos, uruguayos, paraguayos, colombianos, centroamericanos, mexicanos y muchos norteamericanos”.
También denunció que un arma entregada por un capitán colombiano terminó en manos de un presunto sicario y afirmó que mercenarios colombianos participaron en un ataque reciente en Michoacán (México). “Estamos exportando mercenarios a la mafia. La mafia está contratando la violencia colombiana”, declaró.
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Anuncio de Consulta Popular sobre las reformas
El presidente anunció que firmará esta semana el decreto para convocar una consulta popular sobre las reformas laboral y pensional. Afirmó que esta decisión responde a la necesidad de que el pueblo colombiano se exprese ante lo que considera una obstrucción política del Congreso.
“Lo que hizo el senador Cepeda fue una vagabundería con el pueblo. Su votación es ilegítima porque nunca puso a discutir al Senado el concepto favorable o no de la consulta popular”, indicó.
Petro aseguró que la reforma laboral es indispensable para eliminar relaciones que calificó como “neo esclavismo”. Criticó duramente un artículo aprobado en la Comisión Cuarta del Senado que permite la contratación por horas. “Eso se llama neo esclavismo y lo aprobó la Comisión Cuarta de Senado. Nosotros no podemos porque la Constitución lo prohíbe”, explicó.
El mandatario destacó que la reforma pensional, aprobada por el Congreso y ahora en revisión por la Corte Constitucional, cuenta con el respaldo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “La OIT expresó un comunicado oficial apoyando la reforma laboral y pensional”, dijo.
Según Petro, el sistema actual excluye al 80 % de los afiliados a fondos privados, quienes no alcanzan a pensionarse. Anunció que se aumentará la cobertura del 24 % al 52 % para diciembre de 2025. “Eso se llama salir de la pobreza”, concluyó.
Petro solicitó a la Corte Constitucional avalar la consulta y reiteró que el pueblo es “el único dueño del poder en Colombia”. Además, envió un mensaje al expresidente Donald Trump, al afirmar que “no es posible que neonazis, mafiosos, se tomen los gobiernos de América Latina (…) ni las instituciones de Estados Unidos”.
También denunció que algunos agentes de inteligencia colombianos intentaron extorsionar al contrabandista Diego Marín (alias “Papá Pitufo”), a quien quiere traer al país para que “cuente toda la verdad” sobre sus vínculos con la política y las instituciones colombianas.
El presidente insistió en la necesidad de fortalecer la educación pública y anunció una auditoría para verificar el destino de $20 billones de pesos invertidos en contratación de docentes de arte, historia, educación física y algoritmos de inteligencia artificial.
“Los alcaldes no pueden sacarle la mano a la ley”, afirmó al asegurar que estos recursos deben traducirse en más profesores en todas las regiones del país.
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