La semana pasada, el 14 de junio, fue capturado Ronald Rodríguez Rozo, quien hasta septiembre del año pasado se desempeñaba como subdirector de la Unidad Nacional de Protección. Rodríguez fue salpicado por investigaciones ordenadas por Augusto Rodríguez Ballesteros, actual director de la Unidad, por presuntos casos de corrupción.

Augusto Rodríguez puso en conocimiento de la Fiscalía varios desplazamientos en Caquetá de la camioneta de Ronald Rodríguez. La investigación tomó un ritmo más concreto en diciembre, cuando en Cauca fue descubierta una camioneta adscrita a la UNP con 168 kilos de cocaína, lo que permitió la captura del ‘narcochofer’ Manuel Antonio Castañeda.

Ronald Rodríguez fue imputado por concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y peculado por uso. En otras palabras, se le señala por aliarse con otras personas para cometer delitos, específicamente el tráfico de droga, y utilizar recursos públicos, en este caso vehículos de una entidad del Estado.

Mientras se encuentra vinculado en el proceso penal, permanece recluido con medida de aseguramiento privativa de la libertad, un método diseñado para ser por ley excepcional, pero que el ente acusador suele utilizar como una primera evaluación de qué tan bien le puede ir en un juicio al buscar una condena.

El relato de la Fiscalía

La imputación a Rodríguez Rozo se produjo el 15 de junio, mismo día en el que se legalizó su captura y el registro a su vivienda. La fiscal encargada del caso, Magda Antury, le presentó al juzgado 13 de control de garantías varios elementos que respaldaban la diligencia en contra del exfuncionario, incluyendo una orden de captura legalizada por un juez de Cauca y el acta de un interrogatorio a Manuel Castañeda en el que él señaló a Ronald Rodríguez como su contacto en la UNP.

“Determinó la investigación adelantada en contra de Ronald Rodríguez Rozo que esta persona participó orientada a conformar una organización dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes”, señaló Antury. La Fiscalía sostuvo que el exsubdirector se valía de su posición y sus funciones “para disponer de los vehículos administrados por la UNP o los asignados a su esquema de seguridad”, con los que presuntamente traficaba cocaína y marihuana.  

Lea también: Buscan a joven desaparecida en Ospina Pérez, en Cúcuta

Iván Cancino, abogado de Ronald Rodríguez, intentó argumentar que su detención fue ilegal, debido a que supuestamente no se cumplían requisitos de ley para ingresar a un apartamento dentro de un conjunto cerrado y, además, debido a que la audiencia de legalización se produjo más de veinticuatro horas después del operativo. El juez no le dio la razón.

La Fiscalía indicó que identificó cuatro eventos relacionados con narcotráfico que involucraban al exsubdirector y pudieron direccionar el proceso. El primero fue el de diciembre de 2022 en el que fue capturado Manuel Castañeda. El segundo fue en agosto, “cuando se coordinó el transporte de una tonelada de marihuana cerca a Florencia, Caquetá”, en el que un vehículo del esquema de seguridad de Rodríguez se usó como acompañamiento para que no intervinieran autoridades.

El tercero fue en julio y fue coordinado por WhatsApp entre Castañeda y Rodríguez, lo que permitió que Rodríguez cediera un vehículo blindado de la Unidad de Protección. En el último de los eventos listados, Ronald Rodríguez le entregó a Castañeda un carro a tres cuadras de la UNP, y con él se recogió cocaína en Palmira para llevar a Cartagena.

Durante todo el conjunto de eventos, la Fiscalía explicó que hubo lenguaje codificado para facilitar la comunicación.

Lea también: Así puede evitar una inmovilización por tener la licencia vencida

La fiscal, además, nombró otros tres eventos por los que imputó a Rodríguez Rozo por peculado. En ellos el entonces funcionario supuestamente cobró por alquilar vehículos de la UNP a artistas, incluyendo al cantante Felipe Peláez. El imputado no aceptó los cargos.

La solicitud de prisión

El 20 de junio se realizó la audiencia en la que se pidió medida de aseguramiento. Según la Fiscalía, Rodríguez “concertó con otras personas para traficar sustancias estupefacientes en vehículos de la UNP”. Su contacto principal fue el exsubintendente de la Policía Manuel Castañeda, el chofer que fue capturado en diciembre del año pasado por transportar cocaína en una camioneta adscrita a la Unidad Nacional de Protección.

Castañeda estuvo recluido en la cárcel de Cómbita, en Boyacá. En marzo de este año denunció amenazas y le envió una carta al presidente Gustavo Petro, quien le solicitó garantías a la Fiscalía. El ente investigador respondió que abrió una investigación al respecto, y luego el Inpec lo trasladó al centro de reclusión militar de Facatativá, para garantizar su protección. Actualmente se encuentra negociando un principio de oportunidad y tiene programada una audiencia de acusación para el 5 de septiembre.

Rodríguez, de acuerdo con la Fiscalía, acordaba con Castañeda el uso de vehículos que debían ser asignados a personas que pedían seguridad a la Unidad de Protección. Principalmente, el ente investigador recoge que hubo contacto entre ambos desde abril hasta diciembre de 2022.

Lea también: Asesinato en la Avenida Los Libertadores de Cúcuta

Además del ‘narco-chofer’, el exfuncionario se alió con redes que se dedicaban al narcotráfico. Según el órgano acusador, esto ocurrió incluso después de que dejó el cargo. “Usted actuó dolosamente porque conocía que aportaba el vehículo asignado a su esquema de seguridad para transportar cocaína”, indicó la fiscal.

Para la investigadora, hay cuatro razones para enviar a prisión a Rodríguez mientras su proceso llega a una conclusión. La primera es que existe inferencia razonable de que el exsubdirector participó en la alianza narcotraficante; la segunda, que se persigue el fin constitucional de proteger a la comunidad, que se podría ver afectada por el mal uso de los vehículos y por la presencia de droga, y a la víctima, que en este caso es la UNP.

El tercer argumento es la urgencia con la que se requiere implementar la medida, principalmente por dos elementos: la gravedad de la conducta, que se ve representada en “valerse de la condición de servidor público” y en “el uso indebido de estos vehículos administrados por el Estado”, y la modalidad dolosa, dado que Ronald Rodríguez “se asociaba para delinquir, quiso hacerlo y lo materializó”.

Por último, la proporcionalidad. La Fiscalía explicó que se trata de delitos que investiga de oficio, tienen mínimo de pena de más de cuatro años y son investigados por jueces especializados del circuito. Además, la detención intramural sería la única manera de evitar que el exservidor continúe “aportando beneficios, bienes, ideas o vinculación con las empresas” encargadas del transporte de la droga.

El abogado Alexis Angarita, defensor de la Unidad Nacional de Protección, le pidió al juez que acogiera la solicitud de la Fiscalía. Miguel Torres Fuertes, representante del Ministerio Público, dijo que la medida de aseguramiento es “indispensable, adecuada, necesaria y proporcional”.

La defensa de Rodríguez

En la mañana del 22 de junio el turno de intervenir fue para Iván Cancino, defensor de Ronald rodríguez. Su oposición a la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario estuvo basada en que, según él, hay medidas menos invasivas que podrían cumplir los mismos fines que la detención en prisión.

Lea también: ¿Cuáles jugadores han salido del Cúcuta Deportivo de cara al segundo semestre?

Cancino ejemplificó la prohibición de comunicaciones con determinadas personas e incluso la detención en su lugar de residencia. Además, rebatió el supuesto lenguaje en clave y algunas capturas de pantalla presentadas como prueba, argumentando que no servían para identificar a su prohijado ni establecer su responsabilidad en los hechos. Para soportar su petición, presentó, entre otros elementos, una entrevista con la esposa de Rodríguez Rozo, intentando demostrar un arraigo familiar que pudiese permitir que el exfuncionario se defienda en libertad.

La cónyuge, por cierto, había presentado un hábeas corpus en favor de Rodríguez, argumentando principalmente que la captura se produjo supuestamente antes de seis de la mañana, algo contrario a lo informado en el acta de la diligencia que se presentó al juez de garantías. El recurso fue negado.

La Fiscalía, en todo caso, no estuvo de acuerdo con la postura de la defensa, principalmente porque buena parte de las conductas por las que se investiga al exsubdirector se cometieron luego de septiembre del año pasado, cuando renunció a su cargo. Además, Rodríguez fue capturado precisamente en su residencia, desde donde, según el ente acusador, se reunía con Manuel Castañeda. El juez le dio la razón al ente investigador y avaló la solicitud de mantener a Ronald Rodríguez detenido.

Rodríguez y Cancino apelaron la decisión, a lo que se opuso la representación de víctimas y el Ministerio Público. En los próximos días se fijará audiencia con un juez de conocimiento, superior jerárquico, quien definirá si se establecen otras medidas restrictivas o si el exservidor continuará en la cárcel.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion