La Defensoría del Pueblo pidió a la Corte Constitucional adoptar una decisión de fondo que garantice la correcta aplicación de la Ley de Utilidad Pública, en el caso de una mujer cabeza de hogar privada de la libertad desde 2023 por tentativa de hurto, que podría beneficiar a otras 5000 mujeres en su misma condición.

El caso, actualmente en estudio del alto tribunal, ha sido presentado por la entidad como un ejemplo de las dificultades que enfrentan estas mujeres para acceder a mecanismos sustitutivos de la pena, pese a cumplir con los requisitos legales.

Según la Defensoría, la mujer incurrió en la conducta en un contexto de “precariedad económica, informalidad laboral y responsabilidades de cuidado”, condiciones que la norma busca precisamente atender.

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De acuerdo con la entidad, la “interpretación restrictiva” de algunos jueces frente a aspectos como la jefatura de hogar o las condiciones de marginalidad ha impedido que la procesada acceda al beneficio de sustituir la pena por servicios de utilidad pública.

La Defensoría señala que cerca de 5000 mujeres en el país cumplen al menos dos de los requisitos para acceder a este beneficio, según el tipo de delito y tiempo de condena.

“Tan solo en Bogotá, la entidad ha realizado más de 1.100 entrevistas a potenciales beneficiarias de la norma y presentado más de 100 solicitudes ante los jueces. Sin embargo, cerca del 45 % de estos casos aún no cuenta con un pronunciamiento judicial”, señaló la Defensoría.

La Ley 2292 o Ley de Utilidad Pública fue diseñada como una respuesta de política criminal con enfoque de género, dirigida a mujeres que sostienen sus hogares y cuya vinculación a delitos está asociada a contextos de marginalidad y economías de subsistencia.

En ese sentido, la ley reconoce las situaciones de desigualdad social que hayan podido llevar a las mujeres a cometer delitos, principalmente cuando se trata de “crímenes no violentos”. Además, impone como requisito que las personas al cuidado de estas mujeres privadas de la libertad, se encuentren en situación total de desamparo o vulnerabilidad.

No obstante, según la Defensoría, su implementación ha enfrentado obstáculos que, en la práctica, limitan su alcance. 

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