“Los señores que hicieron la fiestica, salen de la cárcel, entran es a otra, trasladados. Salen de Itagüí, se acabó el tema”.

Con esta frase, pronunciada en la noche de este lunes por el presidente Gustavo Petro, el Gobierno respondió al escándalo provocado el pasado 8 de abril, cuando varios de los voceros de las bandas criminales del Valle de Aburrá, que participan en una mesa de paz con la Casa de Nariño, participaron en una parranda vallenata dentro del establecimiento de máxima seguridad de Itagüí.

El jefe de Estado hizo el comentario durante una reunión televisada con miembros del gabinete, en la cual estaba hablando de temas de orden público y narcotráfico.

De acuerdo con las denuncias de dos concejales de Medellín, Claudia Carrasquilla y Andrés Tobón, la fiesta tuvo un valor cercano a los $500 millones y el motivo fue la celebración del inminente regreso a la libertad de uno de los voceros de las bandas, Sebastián Murillo Echeverry (“Lindolfo”).

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“Él está solicitando la libertad por cumplimiento de pena de las tres quintas partes que le impusieron de 18 años por un homicidio. Esto, a razón de una reforma con la que es posible que alguien pida redención de condena por tres días de trabajo por dos de pena, y en ese orden de ideas, ‘Lindolfo’ alega que la presencia que ha hecho en la mesa de los diálogos sociojurídicos se le debe conmutar como trabajo”, dijo Carrasquilla, quien en el pasado fue directora de Fiscalías de Crimen Organizado.

El Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín le dictó a Murillo Echeverry la sentencia de 18 años y seis meses de cárcel el 27 de septiembre de 2018, tras avalar un preacuerdo que él realizó con la Fiscalía, en el que a cambio de una rebaja de penas aceptó los cargos por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego y ocultamiento y destrucción de prueba.

Luego de la parranda, en la cual participaron decenas de personas, con licor y supuestas prostitutas de por medio, el Gobierno anunció la suspensión de la mesa de paz. Además fueron suspendidos siete funcionarios del Inpec, que al parecer permitieron el ingreso ilícito de esa gente y del trago.

Tras el anuncio de Petro, queda establecer a quiénes afectará dicha sanción. Algunos voceros de la mesa indicaron que no participaron en la fiesta, entre ellos José Leonardo Muñoz Martínez (alias “Douglas”).

Con la decisión, la confianza en la mesa de paz queda más golpeada todavía, y con la incertidumbre de si alcanzarán a retomarse los diálogos antes de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

En la cárcel de Itagüí fueron congregados 23 representantes del crimen organizado del Valle de Aburrá, desde 2023, con el propósito de llegar a acuerdos para disminuir la violencia y desarmar a las más de 400 bandas que delinquen en la región.Sin embargo, los avances han sido mínimos, en parte porque el Gobierno no ha presentado el proyecto de ley para el sometimiento de bandas, tras el hundimiento en la primera legislatura del mandato de Petro.

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