Un nuevo capítulo se abrió alrededor del cuestionado proceso para contratar el servicio de expedición de pasaportes en Colombia. Pasado un mes desde que el entonces secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, adjudicó el contrato a la firma Thomas Greg & Sons, el Ministerio echó al traste las resoluciones. En plata blanca, implicaría que en cuestión de días o semanas se reactivaría el proceso licitatorio para adjudicar el millonario contrato a un nuevo oferente.
Según explicó la Cancillería, tras realizar los correspondientes análisis jurídico, revocó las resoluciones que favorecieron a Thomas Greg, advirtiendo que fueron emitidas “por fuera de todo marco legal”. En esa línea, ratificó que se garantiza el principio de legalidad y los principios constitucionales de la función administrativa.
Le puede interesar: El contrabando entra a Colombia con sello oficial: Petro
"El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado han presentado las denuncias correspondientes para que se investigue la presunta comisión de delitos asociados a la expedición de dichos actos administrativos”, explicó la Cancillería.
Sin embargo, el organismo dio un parte de tranquilidad y explicó que el servicio de expedición de pasaportes está garantizado. Justamente, señaló que Thomas Greg reiteró, por escrito, que cumplirá el contrato hasta su finalización el 2 de octubre de 2024, “sin contratiempos”.
Lo que viene
Tras echar al piso las resoluciones que dejaban en manos de Thomas Greg el millonario proceso por $416.000 millones, el Gobierno anunció que “culminará la revisión integral” del proceso para definir “la mejor opción que permita contratar un nuevo servicio de expedición de pasaportes con adecuado soporte técnico, tecnológico y financiero, a partir de octubre”.
En esa línea, el Ejecutivo reiteró su compromiso de garantizar el servicio de expedición de pasaportes y “mantener informada a la ciudadanía sobre todos los pasos de este proceso”.
A su turno, el exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, se pronunció sobre las determinaciones del Gobierno y, al ratificar que no hubo “error o falla” en las resoluciones que firmó, alertó que las decisiones podrían llegar a ocasionar un detrimento patrimonial al Estado “enorme, muy grande”.
Lea además: La política enfermó mi vida: Rodolfo Hernández habló del cáncer que padece
“Yo estoy absolutamente seguro de que lo que se hizo está jurídicamente bien, está bien soportado y recibo permanentes llamadas de muchos abogados de los más prestigiosos y conocedores de la contratación estatal, que me dicen que están de acuerdo conmigo”, sostuvo Salazar en una entrevista con la Revista Semana.
Además, al reclamar que hay “desconocimiento de la institucionalidad”, sugirió que, tal como pasó con el suspendido canciller Álvaro Leyva, el encargado, Luis Gilberto Murillo, podría correr la misma suerte por parte de la Procuraduría: “Ahora el canciller Murillo no solo pretende volver a la declaratoria desierta, sino que comete una falta más grave en desacatamiento de lo expuesto. El canciller Leyva fue suspendido por mucho menos”.
Consulte: ¿Jesús resucitó?, esta es la historia que cuentan los evangelios
Lo cierto es que, como bien reconoce el Gobierno, restan apenas seis meses para que concluya el contrato de Thomas Greg & Sons y se surta el proceso contractual que permita elegir a la firma que estará al frente del servicio de pasaportes. El riesgo, como han advertido los mismos proponentes en puja, es que no den los tiempos o peor, que se termine escogiendo a un consorcio que llegue a poner en riesgo la prestación del servicio. La responsabilidad –o mejor, el desafío– queda en manos del gobierno de Gustavo Petro.
Una licitación por más de $416.000 millones
A finales de enero pasado, la Cancillería reveló los pliegos para la convocatoria de la nueva licitación para la prestación del servicio de expedición de pasaportes en Colombia y en el exterior. El nuevo proceso para este contrato tendrá un valor de $416.146 millones, con un plazo a ejecutar hasta el 31 de julio de 2026 o hasta el agotamiento de los recursos. El objetivo de este nuevo proceso es resolver la urgencia manifiesta que fue declarada en septiembre pasado por la Cancillería. Allí se declaró “desierta” la anterior licitación, que precisamente estaba adjudicada a nombre de Thomas Greg & Sons, por lo que eso terminó desencadenando un juicio disciplinario alrededor del tema y la conocida suspensión al canciller Álvaro Leyva por parte de la Procuraduría. Con el nuevo proceso, el Ejecutivo argumentó que se busca una mayor transparencia, solidez y pluralidad con los oferentes que lleguen a postularse para la licitación.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
