La pandemia empeoró la situación humanitaria en varios puntos de Colombia donde grupos armados mantienen vivo el conflicto tras el pacto de paz con la extinta guerrilla de las Farc en 2016, denunció este miércoles el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
La principal preocupación del organismo internacional "es el crecimiento de las consecuencias humanitarias ligadas a los conflictos armados que afectan al país", dijo Lorenzo Caraffi, jefe de la delegación local del CICR.
En declaraciones a la AFP en el marco de la presentación del informe de 2020, Caraffi remarcó que después del acuerdo de paz Colombia enfrenta un "aumento de las consecuencias humanitarias" en los frentes que el gobierno tiene abiertos con guerrillas y cuerpos armados del narcotráfico.
Para el CICR, el país tiene abiertos conflictos con cinco organizaciones irregulares que afectaron sensiblemente a la población civil en el año de la pandemia. A las disputas por los territorios se suman choques con fuerzas del Estado.
El 2020 "agregó un elemento adicional (...) en el sentido de que algunos actores armados se aprovecharon de la pandemia para fortalecer su control sobre la sociedad en algunos territorios", enfatizó el delegado.
Caraffi detalló un aumento de los ataques a la misión médica, de las víctimas de artefactos explosivos, así como de los confinamientos, desplazamientos masivos y desapariciones.
Los departamentos más castigados fueron los que están en el suroeste, sobre el Pacífico y los fronterizos con Venezuela, además de Antioquia, el más grande en el noroeste del país.
En varios territorios los grupos que se financian principalmente del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión se han fortalecido ante la demora del Estado en ocupar regiones antiguamente ocupadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), señalan expertos.
En 2020, el CICR registró 389 víctimas de artefactos explosivos, la cifra más alta en los últimos cuatro años. Entre ellas están 226 civiles.
También el organismo supo de 114 desapariciones en un fenómeno creciente. Mientras en 2019 se reportaba un desaparecido "cada cuatro días", el año pasado fueron más frecuentes las denuncias con un caso "cada tres días", indicó Caraffi.
El CICR se hizo eco de las cifras oficiales que indican que en 2020 más de "21.000 personas se desplazaron masivamente y otras 28.000 permanecieron confinadas por el recrudecimiento de las acciones armadas y la presencia de artefactos explosivos en los territorios", anota el informe presentado este miércoles.
"La población civil está pagando el precio de este recrudecimiento", afirmó Caraffi.
