El tema de la superintendente de Industria y Comercio vuelve a encender un pulso jurídico en Colombia. La designación de Cielo Rusinque por parte del presidente Gustavo Petro será nuevamente objeto de demanda ante el Consejo de Estado, tribunal que semanas atrás ya había anulado su primer nombramiento.

Hace tres semanas, la Sección Quinta de ese alto tribunal determinó que Rusinque no cumplía con los requisitos exigidos para el cargo. Según el fallo, no contaba con la experiencia relacionada ni con la debida convalidación en Colombia de su título de posgrado, elementos esenciales para ejercer como cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio.

¿Por qué vuelven a demandar el nombramiento de Cielo Rusinque?

De acuerdo con Caracol Radio, el abogado Samuel Ortiz Mancipe, quien lidera la nueva acción judicial, sostiene que la insistencia del Gobierno en designar nuevamente a la funcionaria configura una irregularidad. A su juicio, se trataría de un caso claro de uso indebido del poder administrativo desde la Presidencia.

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“Presentaremos una demanda contra el último nombramiento de la señora Cielo Rusinque al frente de la Superintendencia de Industria y Comercio. Esto porque se incurrió en una causal de nulidad de los actos administrativos que se llama desviación de poder”, afirmó Ortiz Mancipe.

El demandante fundamenta su argumento en el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo (CPACA), señalando que el Ejecutivo habría privilegiado un interés particular por encima del interés general. Según explicó, las decisiones en el sector público deben responder a criterios objetivos y no a conveniencias específicas.

Uno de los puntos más controvertidos radica en la modificación de los requisitos para ocupar el cargo. De acuerdo con Ortiz Mancipe, “días antes de la notificación de la nulidad del primer nombramiento se modificaron los requisitos (…) lo cual precisamente habilita para que la señora Cielo Rusinque fuese nombrada”, sugiriendo que el cambio normativo facilitó su regreso.

Adicionalmente, la demanda cuestionará la legalidad del nombramiento en el marco de la ley de garantías. El abogado sostiene que la designación no encajaría en las excepciones permitidas —como renuncia, muerte o licencia—, lo que podría constituir otra irregularidad en el proceso.

También se pone bajo la lupa la secuencia de hechos posteriores al fallo. Según el jurista, la entonces superintendente presentó su renuncia poco después de la decisión judicial, la cual fue aceptada con rapidez. “Se apresuró a presentar la renuncia y esta fue aceptada en tiempo récord (…)”, señaló, insinuando que se buscó evitar la firmeza del fallo.

La nueva acción será radicada en los próximos días ante el Consejo de Estado por Ortiz Mancipe y otros demandantes. Se trata del mismo grupo que previamente logró la nulidad del primer nombramiento, lo que anticipa un nuevo capítulo en la disputa jurídica por la dirección de la Superintendencia.

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