Mientras miles de familias en Córdoba intentan recomponer sus vidas tras las inundaciones, el ente de control fiscal anunció un seguimiento especial a los recursos destinados a la emergencia, en medio de dudas sobre la ejecución presupuestal del Gobierno Nacional.

Durante los últimos diez días, Marnedis Ramos Llorente regresa a su casa inundada en Montería, acompañada de sus hijos, para intentar sacar el agua que aún permanece en el lugar. En las noches, duerme donde un primo que la acogió tras perderlo casi todo. Agradece a Dios estar viva, pero la incertidumbre pesa.

“Si mi primo no nos hubiera podido prestar ayuda, no sé qué hubiera sido de nosotros”, relata. Cuenta que no pudo quedarse en los albergues dispuestos para los damnificados porque una de sus nietas, con discapacidad mental, no encontraba allí condiciones adecuadas. Entre los enseres perdidos menciona una nevera, un televisor, una licuadora y un juego de muebles.

Marnedis es una de las más de 68.000 familias afectadas en Córdoba, departamento donde, según cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), cerca de 40.000 hectáreas quedaron bajo el agua tras la temporada de lluvias.

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Seguimiento fiscal y polémica por los recursos

Las historias como la de Marnedis se repiten en distintas regiones del país, en una emergencia para la cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro decretó una nueva emergencia económica. Sin embargo, la Contraloría General de la República puso en duda la necesidad de esta medida al señalar que sí existen recursos disponibles.

Según el ente de control, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo cuenta con $1,69 billones disponibles y reservas presupuestales de 2025 cercanas a $1 billón, recursos que podrían utilizarse —en la parte no comprometida— para atender a los damnificados.

Ante este panorama, la Contraloría activó un seguimiento especial a los movimientos presupuestales y financieros destinados a la atención de la emergencia, y solicitó a la UNGRD información detallada sobre el Plan de Acción Específico (PAE) diseñado para enfrentar la contingencia.

Además, anunció que realizará un control estricto al paquete de medidas económicas y tributarias adoptadas bajo el decreto de emergencia, advirtiendo que cada peso recaudado deberá destinarse exclusivamente a la atención de la crisis.

El ente de control también informó que participa en los Puestos de Mando Unificado (PMU) y en las salas de crisis de los territorios afectados, además de realizar verificaciones en terreno junto a personerías y veedurías ciudadanas para supervisar la entrega de ayudas y los procesos de contratación.

Fallas en la coordinación y ayudas que no llegan

El seguimiento adelantado ha permitido identificar problemas de coordinación entre municipios, departamentos y la UNGRD, lo que ha impactado la oportunidad de la atención a las familias damnificadas. La Contraloría señaló que en varias zonas del país las ayudas humanitarias aún no llegan y que algunos municipios no han entregado los listados oficiales de afectados, dificultando la respuesta institucional.

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También recordó que en 2023 ya había advertido a la UNGRD por la baja ejecución de recursos del decreto 2113 de 2022, emitido durante la emergencia nacional por el fenómeno de La Niña. En ese contexto, se mencionaron afectaciones en 21 departamentos y 390 municipios, así como cinco procesos de responsabilidad fiscal por $62.389 millones relacionados con hechos ocurridos en Puerto Boyacá, Tolima y La Mojana.

El panorama actual de la emergencia

Según el último reporte, con corte al 14 de febrero, la UNGRD contabiliza 94.431 familias afectadas, equivalentes a 254.531 personas, en más de cien municipios del país. El balance preliminar registra 17 personas fallecidas, 11.216 hectáreas inundadas, 18.232 viviendas averiadas y 4.099 destruidas.

Después de Córdoba, los departamentos con más familias afectadas son La Guajira, Antioquia, Chocó y Sucre. En este último, el desbordamiento de los ríos Cauca y San Jorge mantiene en alerta máxima a comunidades de La Mojana y la subregión del San Jorge.

“Acá estamos esperando a ver qué ayuda nos dan. Yo soy viuda, no tengo refugio propio y apenas cuento con el apoyo de mis dos hijos. En la casa el agua nos subió como un metro y medio”, agrega Marnedis.

Respuesta de la UNGRD y alerta sanitaria

Tras el pronunciamiento de la Contraloría, la UNGRD aseguró que los recursos de vigencias anteriores del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo tienen destinación específica y respaldan compromisos jurídicos adquiridos en años anteriores, por lo que —según la entidad— no están disponibles. Su director, Carlos Carrillo, anunció una reunión con la Contraloría para abordar el tema.

Entre tanto, la Asociación Colombiana de Infectología (Acin) advirtió sobre el riesgo de brotes de enfermedades asociadas al agua contaminada, la proliferación de vectores y el hacinamiento en albergues temporales. La entidad alertó sobre posibles infecciones respiratorias, cutáneas y gastrointestinales, además de la interrupción de esquemas de vacunación y controles epidemiológicos.

Mientras avanzan los controles y las discusiones institucionales, en las casas aún inundadas de Córdoba, como la de Marnedis, la espera por ayudas concretas continúa.

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