El estudio de la reforma a la salud, uno de los proyectos bandera del gobierno de Gustavo Petro, ha sido una especie de 'carrera de relevos'.

Por parte del Gobierno, la autora del proyecto, la entonces ministra de salud, Carolina Corcho, dejó su cargo y fue remplazada por el actual ministro, Guillermo Alfonso Jaramillo.

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Y por parte de las EPS, las entidades prestadoras de salud que son las más directamente afectadas por la iniciativa, también hubo un cambio.

En la dirección de ACEMI, el gremio que agrupa a las EPS, Paula Acosta fue remplazada hace unas semanas por Ana María Vesga, quien venía de desempeñarse como directora de la Cámara de la Industria Farmacéutica de la ANDI.

Pese a estos cambios, la situación de la reforma a la salud no es muy diferente de la que existía en el primer momento que se presentó: por un lado, el Gobierno, insiste en su intención de hacer un sistema más preventivo y mejorar la atención en lugares apartados del país, y por otro, las EPS, asociaciones de médicos y académicos advierten sobre los riesgos que tiene la reforma de dañar los aspectos que funcionan bien en el sistema con el que actualmente cuenta el país.

Vesga, advierte precisamente sobre la falta de avances que ha habido en la búsqueda de un consenso para la reforma y sobre la difícil situación que están enfrentando las EPS.

¿Ha habido avances efectivos en la búsqueda de consensos para la reforma o estamos como al principio?

Hoy tenemos una reforma no consensuada, aún, con un texto aprobado en el primer debate en la Cámara de Representantes. No hay ningún avance respecto de lo que terminó la legislatura el semestre anterior.  

¿Cree que el Gobierno se sostiene en su propósito de acabar las EPS?

El gobierno ha expresado recientemente y de manera reiterada que las EPS continúan. Así mismo es la vocación de permanencia de las EPS de continuar en el modelo. La discusión radica, y radicará, en cuáles son esas condiciones de continuidad y tenemos que sentarnos rápidamente con el gobierno a mirar cuál es la condición, o las características, de mantenerse en el modelo.

¿Cuál sería una fórmula viable para que pudiera aprobarse la reforma sin poner en riesgo el sistema?

Nosotros hemos dicho que hay muchos aspectos de la reforma que son positivos. Creemos que el sistema tiene que trabajar en el fortalecimiento de la atención primaria y en el trabajo que hagan las EPS, pero en general todo el sistema es importante. Consideramos que podemos fortalecer el enfoque territorial del sistema y podemos fortalecer los mecanismos de giro para asegurar que los recursos lleguen con mayor fluidez a la red.

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Intuimos que el sistema tiene que migrar a un modelo más preventivo, que hay que fortalecer el talento humano y que hay que entregarle al país una política de producción de tecnologías que asegure el abastecimiento de tecnologías y medicamentos en Colombia.

Pensamos que si avanzamos sobre esos puntos y definimos específicamente cuál es el rol de la EPS, en cuanto a la gestión de la salud de la población y en cuanto al riesgo financiero del sistema de salud, tenemos la posibilidad de avanzar, en conjunto, en una reforma consensuada que no afecte a los usuarios.

¿Cuál ha sido la actitud del ministro? ¿Han podido tener una buena interlocución con él?

Muy rápidamente, el Ministro nos recibió hace una semana. Hay que decir que estoy en Acemi hace 18 días y a la semana estábamos reunidos con el Ministro, sus viceministros, el Superintendente Nacional de Salud, el director de la Adres, en muy buena tónica, ambas partes reconocemos la importancia de privilegiar y preservar el diálogo. Tenemos tareas, lo importante es que ambas las cumplamos en el marco de privilegiar y proteger ese diálogo.

¿Qué ambiente han percibido en el Congreso? ¿El Gobierno si cuenta con las mayorías para aprobar la reforma o vamos a estar en un desgaste permanente que no llegue a nada?

Bueno, eso es prematuro. La legislatura acaba de iniciar, aún no se ha surtido un primer debate en esta legislatura de las reformas. Estamos esperando el ambiente político. El gobierno tiene una agenda ambiciosa de reformas que aprobar, todavía es prematuro para saber en qué estado está la cosa política.

 ¿Cuál es la situación de las EPS? ¿Esta incertidumbre las está debilitando?

Tenemos dos situaciones coyunturales importantes: una, se ha producido en el marco de la declaratoria de emergencia económica, unos decretos para establecer un modelo diferente de atención en la Guajira. Ese es un tema particular sobre el cual queremos hacer un llamado para preservar la institucionalidad y asegurar que todas las soluciones de carácter social, que se requieren y son necesarias para la Guajira, se hagan en el marco de la institucionalidad.

Por otro lado, tenemos otro tema coyuntural no menos importante, tiene que ver con la financiación del sistema. Le hemos dicho al Ministerio: es importante avanzar en una conversación técnica sobre la suficiencia de la Unidad de pago por capitación (UPC) y el presupuesto para el 2024. Sobre cómo se va a financiar el sistema el año entrante.

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Hemos hablado de la necesidad de abrir unas ventanas para terminar el saneamiento de las deudas que hay con las EPS de pagos que no son de este Gobierno, pero que están afectando los estados financieros de las EPS. Es urgente que el gobierno reconozca el pago a las EPS, de los presupuestos máximos que son los valores que se pagan por el NO PBS, en los meses de julio y agosto no se recibieron los recursos.

Hay un anuncio reciente del Gobierno de que se pondrá al día con esos pagos, pero es muy importante que las EPS no solamente cuenten con una prima suficiente para asegurar a la población, sino que los dineros realmente entren con oportunidad.

La eliminación del modelo de aseguramiento y la creación de un monopolio estatal en la reforma pueden generar preocupaciones. ¿Cómo cree que estos cambios podrían afectar la calidad y accesibilidad de la atención médica?

Sí ese fuera el escenario; un escenario donde se acaba el modelo de aseguramiento, se elimina la participación del sector privado y se estatiza el modelo, nosotros hemos advertido de la incapacidad probada del Estado de hacer una atención masiva como la que supone 2.5 millones de atenciones diarias que hace este sistema a 50 millones de colombianos. Estoy segura de que estaríamos retrocediendo en muchos años de construcción de un sistema que no es perfecto, pero que tiene muchas posibilidades de fortalecimiento y mejora, y estaríamos frente a un fallo del sistema, en lo que tiene que ver con la prestación de la garantía del derecho a la salud.

¿Cuáles son los principales obstáculos que identifica en la propuesta de reforma de salud para abordar las quejas de los usuarios y la sostenibilidad financiera, considerando la fragmentación de atención y la falta de gestión integral de riesgos?

Si en la gestión que hacen las EPS hoy, que es una gestión integral del riesgo en salud y también financiera, empezamos a introducir elementos que fragmentan la atención para el usuario; en consecuencia, la gestión de su salud, que fragmentan el gasto y la protección del recurso. Podemos estar frente a una situación en donde tenemos una población menos protegida, más enferma y un servicio de salud o un presupuesto de salud desbordado.

Finalmente, lo que hacen hoy las EPS es contener inteligentemente ese presupuesto de la salud y administrar la salud de la población, pero si perdemos alguno de esos dos elementos, tenemos el riesgo de tener menor salud por un mayor precio.

Con respecto a las preocupaciones planteadas sobre corrupción, recursos y capacidad de gestión, ¿cuál es su opinión sobre cómo abordar estos problemas y garantizar un sistema de salud más eficiente y equitativo para todos los colombianos?

Todos los esfuerzos que se hagan para fortalecer la inspección, vigilancia y control sobre el ejercicio de la salud, en todos los eslabones de su cadena, hay que considerar que el sistema de salud está compuesto por: usuarios, pacientes, prestadores, médicos, aseguradores, una cadena grande de proveeduría, es decir, todos los esfuerzos alrededor del fortalecimiento de esa inspección, vigilancia y control, en esa medida el fortalecimiento del rol de la superintendencia es bien fundamental e importante.

Lo que nos preocupa, de cara al proyecto, es que entre más injerencia haya de lo público y más se atomicen las responsabilidades sobre los presupuestos y la gestión, encaremos una verdadera situación de descontrol sobre la gestión de la salud y sobre los recursos de la salud. De ahí, la importancia de no perder el concepto de integralidad tanto en lo presupuestal como en la atención en salud.

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