A raíz de un fallo de la Corte Constitucional, los niños venezolanos que hayan sido abandonados en el país tendrán la posibilidad de recibir la nacionalidad colombiana por adopción.

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La solicitud tendrá que radicarla un defensor de familia adscrito al ICBF, quien deberá tener en cuenta varias reglas a cumplir previamente.

Entre ellas está el demostrar –antes de declararlo en adoptabilidad– que el menor lleva al menos un año viviendo en el país y que se agotaron todas las vías posibles para dar con sus familiares.

El problema en este asunto que cruza derechos fundamentales y una crisis migratoria que no cesa estaba en que los 1.200 niños del vecino país que están bajo custodia del ICBF por abandono no podían entregarse en adopción debido a que no tenían sus papeles en regla.

Ese limbo fue el que resolvió la Sala Plena de la Corte, la cual tuvo ciertas diferencias entre sus magistrados a la hora de dar un dictamen final a la tutela de una defensora de familia que llevó a todo esto.

El origen de la sentencia

La génesis para darles nacionalidad a los niños abandonados corrió por cuenta del caso de un menor de tres años al que en 2019 su mamá abandonó, su papá utilizó para mendigar y su abuela dio un número erróneo a las autoridades para perder su rastro.

Una defensora de familia acompañó al niño durante la difícil situación, y le pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores que lo naturalizara como colombiano para que así pudiera ser declarado en adopción.

El veredicto que recibió fue negativo, y por ende emprendió acciones legales que hicieron que el caso llegara a la Corte, la cual afirmó que el Gobierno no protegió los derechos del menor a una vida digna y a una familia.

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Por ende, ordenó a la Registraduría entregarle un registro civil, a que el Ministerio le dé su nacionalidad, y a que el ICBF busque en Colombia y Venezuela cómo contactar a la familia, para así resolver su situación jurídica: siendo la última instancia ponerlo en adopción.

Los nueve magistrados de la Corte estuvieron de acuerdo con amparar los derechos del menor. Sin embargo, cuatro se apartaron parcialmente de la declaratoria por adopción en todos los casos, y en algunos pedidos hechos a la Presidencia y el Congreso. Por ejemplo, las togadas Diana Fajardo y Natalia Ángel expresaron su descontento en la declaratoria de adoptabilidad.

Para ellas, sus compañeros tuvieron que tener en cuenta las advertencias de Unicef y otros organismos, en el sentido de que en crisis migratorias tan complejas, no es recomendable poner a un niño en adopción. Los otros dos salvamentos vinieron, por cuestiones similares, por cuenta de Alejandro Linares y Antonio José Lizarazo.

Este diario conoció que en el caso de Acnur, dicha organización emitió un concepto a la Corte –pedido por el despacho del magistrado ponente–, el cual fue tenido en cuenta. El mensaje, en efecto, iba dirigido a tener cuidado con el uso de la adopción, pues el instrumento debe ser la última vía en función del interés superior del niño.

Otro de los conceptos técnicos fue el del Observatorio de Migraciones de la Universidad Externado. Fabián Páez, uno de los integrantes del equipo que lo elaboró, explicó que la recomendación que dieron es que “la declaratoria de adoptabiidad debe ser de manera excepcional. Si bien puede ser necesaria, su aplicación debe darse solamente de constatar que la reunificación no es posible, o no es conveniente”.

Es decir, que desde su punto de vista, lo más recomendable es atender caso por caso, para así determinar qué es lo mejor para el niño.

Con intervenciones de ese tipo, el debate al interior del alto tribunal se dio hasta último momento. Y tras ello, cinco magistrados de la Corte se ampararon en que con los efectos generales para cualquier menor se les garantizan los derechos como personas de interés superior para la sociedad.

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Mayor búsqueda a las familias

Frente al tema que suscitó diferencias –la declaratoria de adopción–, Fabián Páez, del Externado, subrayó que antes de dar ese paso sí deberían fortalecerse a nivel institucional los mecanismos de búsqueda de familiares del menor abandonado.

“Eso no es fácil, pero el Estado está en la obligación de mirar cómo lo hace”, aseguró, pues es consciente de que las relaciones diplomáticas con Venezuela son las mejores. Así las cosas, la idea que plantea es trabajar con organismos internacionales y agentes de cooperación que estén dispuestos a indagar todo lo que sea posible en el núcleo familiar del menor.

Por el momento, la nacionalidad por adopción va a entregarse hasta que el Congreso legisle y tome cartas en el asunto. En ese sentido, se conoció que en la Comisión Segunda del Senado ya fue radicado un proyecto de ley que buscaba lo que ya aprobó la corte: la nacionalidad.

En el debate que se libre en el Legislativo pueden aparecer nuevas proposiciones, no obstante, el proyecto ya lleva consigo recomendaciones dadas por expertos en el área, las cuales asumirá el Senado que por reparto sea elegido como ponente.

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