Inspectores del Ministerio del Trabajo ingresaron este jueves a las instalaciones de Caracol Televisión para verificar las condiciones laborales y los protocolos de prevención de violencias basadas en género, en una jornada que coincidió con el pronunciamiento del presidente de la compañía, Gonzalo Córdoba Mallarino, quien pidió perdón a las víctimas de acoso sexual dentro de la organización y anunció la creación de una comisión externa liderada por la jurista Catalina Botero Marino para esclarecer las recientes denuncias que provocaron la salida de los presentadores Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego.
El despliegue gubernamental, orientado por el ministro Antonio Sanguino, incluyó una revisión documental y un recorrido presencial en el marco del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que la viceministra Sandra Milemu habilitó espacios de diálogo privado para los trabajadores, una intervención que el jefe de la cartera justificó al advertir que los mecanismos internos de las empresas no las eximen de la vigilancia estatal frente a hechos que calificó como reprobables.
El funcionario aseguró que el Ministerio ha recibido denuncias de acoso laboral y sexual de otros medios de comunicación, lo que obliga a su cartera a que en las próximas semanas se adelanten espacios de inspección, control y vigilancia.
“Con estos instrumentos vamos a intervenir en Caracol, lo haremos esta semana, como también lo vamos a hacer en otros medios de comunicación, porque también hemos recibido denuncias sobre hechos absolutamente reprochables y reprobables de acoso laboral y acoso sexual”, indicó el Ministro.
Asimismo, añadió que “esos hechos deben ser sancionados, no solo internamente, sino también por el Ministerio del Trabajo y por la Fiscalía, como ya hemos sabido que se han anunciado actuaciones por parte de este organismo de investigación judicial”.
Aseguró que la inspección le permitirá al Gobierno recoger testimonios y examinar protocolos internos para constatar si hay un patrón reiterado y permanente de violencia sexual o acoso laboral en estas entidades o empresas. Dependiendo de los resultados que arrojen las visitas, se podrían abrir investigaciones que pueden terminar en sanciones.
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Caracol pidió perdón
La diligencia estatal ocurrió horas después de que el presidente de Caracol Televisión se dirigiera a sus empleados para reconocer la crisis institucional que atraviesa el medio, momento en el que aseguró que el silencio erosiona aquello que pretende proteger y expresó que el poder "corre siempre el riesgo de confundirse con permiso" cuando no se examina a sí mismo, por lo que ofreció disculpas a quienes sufrieron situaciones de vulnerabilidad en su entorno laboral.
Córdoba Mallarino explicó que las palabras por sí solas no reparan lo vivido y anunció que la ex relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, liderará una investigación independiente para ajustar el rumbo de la organización, al sentenciar que "ningún talento, ningún cargo y ninguna trayectoria justifican comportamientos" que vulneren la dignidad humana.
Las decisiones corporativas cobraron fuerza tras la desvinculación de los periodistas Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, cuyas salidas respondieron a la necesidad de proteger la integridad de los involucrados y garantizar la independencia de las pesquisas, aunque la abogada de Orrego, Julieth Fiallo, aclaró que la terminación del contrato de su defendido obedeció a una determinación unilateral del empleador sin que exista una sentencia o investigación disciplinaria concluida, advirtiendo que los juicios anticipados comprometen sus derechos fundamentales.
Por su parte, Vargas confirmó que su retiro se acordó de manera conjunta tras dos décadas de labores, y aunque reconoció que la posición institucional resulta entendible ante la magnitud del escándalo, defendió su trayectoria al manifestar que su comportamiento siempre se rigió por el respeto, concluyendo que si alguna persona interpretó sus dinámicas de forma diferente, jamás albergó la intención de causar daño.
Un ecosistema de violencia estructural
El remezón en la cadena privada destapó un panorama de intimidación que trasciende a una sola empresa, pues la defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que el país enfrenta una violencia estructural que se sostiene por la impunidad y la normalización, recordando que 6 de cada 10 mujeres periodistas han sufrido agresiones de género en su trabajo, pero celebró que el muro de silencio que protegía el abuso de poder se está desplomando.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) respaldó esta postura al denunciar que los entornos de acoso promueven la autocensura de las reporteras y documentó casos similares en otros medios como RCN y el sistema público RTVC, destacando el proceso que involucra al actual gerente de esta última entidad, Hollman Morris, quien enfrenta acusaciones por hechos ocurridos durante su etapa como concejal, un escenario donde la denunciante Lina Marcela Castillo terminó procesada por injuria y calumnia en medio de presuntas presiones de contratistas del Estado.
Para frenar esta crisis sistémica en las salas de redacción, la Fiscalía General de la Nación anunció la apertura formal de una investigación penal contra los dos ex presentadores de noticias, habilitó un canal electrónico protegido para recibir testimonios de las víctimas y reasignó el expediente contra Castillo a un despacho delegado ante la Corte Suprema de Justicia, buscando esclarecer unas agresiones que, según las organizaciones defensoras, históricamente quedaron sin castigo.
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