El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, manifestó su rechazo a las interceptaciones ilegales detectadas en el teléfono personal del ministro del Interior, Armando Benedetti, por lo que solicitó esclarecer con urgencia quién dio la orden de realizar estas acciones de espionaje que atentan contra la privacidad de altos funcionarios del Gobierno.
El pronunciamiento del jefe encargado de la cartera de Justicia surgió como respuesta a la confirmación técnica sobre la presencia de virus espía en las comunicaciones oficiales. Idárraga calificó la situación como inaceptable y subrayó la necesidad de que el país repudie estas prácticas.
El funcionario presumió la ilegalidad de la interceptación y planteó un interrogante directo sobre la responsabilidad de los organismos de seguridad del Estado al preguntar quién, dentro de las distintas inteligencias que operan en el país, resultó responsable de ejecutar dicha vigilancia no autorizada contra un miembro del gabinete.
Durante su intervención, Idárraga expresó su solidaridad y pleno respaldo a Armando Benedetti, quien puso en conocimiento de la opinión pública la vulneración de su seguridad digital. El ministro encargado enfatizó que situaciones de este calibre no pueden ocurrir contra los servidores públicos del Gobierno del presidente Gustavo Petro y reiteró su esperanza de que las autoridades competentes esclarezcan los hechos con la mayor brevedad posible para determinar la procedencia de la orden de espionaje.
La alerta gubernamental se activó luego de que un peritaje forense realizado al celular del ministro Benedetti arrojó resultados positivos sobre la presencia del software malicioso conocido como Pegasus. El ingeniero experto en ciberseguridad Milton Cuadros explicó que, aunque este programa espía suele ser difícil de rastrear porque intenta no dejar huella e incluso detecta cuando se le intenta inspeccionar, en esta ocasión se encontraron evidencias concretas de su instalación en el dispositivo.
El experto detalló que el mismo programa dejó registros de alteración en los datos internos de la instalación, conocidos técnicamente como metadatos. Una de las pruebas más contundentes que llamó la atención de los investigadores fue la aparición de fechas ilógicas que datan de los años 1900, lo cual sirvió como indicio clave para confirmar la manipulación externa del equipo. Esta anomalía permitió identificar la intrusión a pesar de los sofisticados mecanismos de ocultamiento con los que cuenta la herramienta tecnológica.
Ante la gravedad de los hallazgos técnicos y la confirmación de la vulnerabilidad en las comunicaciones del ministro del Interior, se envió un informe detallado a la Fiscalía General de la Nación para que asuma la investigación penal correspondiente. En paralelo a la denuncia judicial, el ministro Benedetti solicitó reforzar los protocolos de seguridad digital y proteger de manera más rigurosa las comunicaciones oficiales para evitar futuras filtraciones o seguimientos indebidos.
El ministro de Justicia encargado concluyó su intervención con un llamado a la transparencia, insistiendo en la gravedad que implica que se presuman interceptaciones ilegales dentro del propio aparato estatal. "En esa situación queremos saber quién dio la orden", puntualizó Idárraga, dejando en claro que el Gobierno espera respuestas concretas sobre el origen de estas operaciones de inteligencia que pusieron en riesgo la privacidad del titular de la cartera política.
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