Tiempo atrás, Bilal Gebara afirmó a medios regionales que, como el propósito de los almacenes es vender ropa ‘de buena calidad’ pero barata, él viajaba con su papá a Panamá a comprar prendas de vestir de temporadas pasadas, que luego traían a Colombia y vendían a mejores precios.
Hasta el año 2017, Tierra Santa SAS tenía el control de 25 de los 76 almacenes del país, ya que los otros 51 fueron entregados bajo el modelo de franquicia a otros familiares.
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Sin embargo, la mirada de las autoridades se fueron posando sobre la organización por procesos irregulares. Además, en junio de este año un trabajo realizado por estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia, que tenía como objetivo proponer a la cadena una estrategia de ‘logística inversa’ para la reutilización de prendas de vestir, terminó dando cuenta de una serie de falencias e irregularidades que se presentaban dentro de la organización.
Por ejemplo, en las tiendas que visitaron encontraron que no había un control del inventario. “No se ha establecido un proceso para la rotación de prendas, no cuenta con inventarios, y no hay ningún indicador sobre las necesidades de aprovisionamiento (...) No hay ningún protocolo para la gestión y recepción de mercancía”, se lee en el documento.
Algo que olía mal
El pasado 6 de septiembre comenzaron los rumores sobre el cierre de algunos de los almacenes de Tierra Santa. No obstante, lo que parecía solo un control rutinario por parte de las autoridades terminó siendo todo un operativo nacional con fines de extinción de dominio.
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Días después se conoció que la Fiscalía, la Policía Nacional y la Dijín encontraron que la compañía facilitaba multimillonarias operaciones de lavado de activos a través del contrabando de ropa y accesorios, además de que la junta directiva contrataba trabajadores sin vida crediticia para hacerlos representantes legales y cerrar el ciclo de las millonarias operaciones de lavado de activos.
La investigación también puso al descubierto que varias de las empresas ficticias de Tierra Santa fueron empleadas para simular importaciones desde China, India, Singapur, Hong Kong y Panamá hacia Colombia. Y el dinero obtenido era enviado a través de transferencias bancarias a la República Libanesa.
Según la Fiscalía, también se estableció que, siendo esta empresa proveedora de telas y accesorios de ropa, exportó cerca de US$1,5 millones en chatarra ferrosa.
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Finalmente, en el operativo se adelantó la imposición de medidas cautelares sobre 58 inmuebles (3 apartamentos, 7 casas, 9 fincas, 3 garajes, 26 locales y 10 lotes), 20 sociedades, 65 establecimientos de comercio, 953 semovientes y 14 vehículos, avaluados en más de $1,2 billones, los cuales serán entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
A la fecha, el único pronunciamiento de Tierra Santa ha sido a través de sus redes sociales, donde agradecieron a sus clientes y prometieron volver a abrir pronto.
Fuente: El Colombiano
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